Exponen a Hipólito Mejía daños de medida

Representantes del sector empresarial del país informaron ayer tarde al presidente Hipólito Mejía que las acciones emprendidas para desconocer los derechos de los autogeneradores y clientes no regulados del sector eléctrico afectan “seriamente la credibilidad y confiabilidad del país y sus instituciones y, por ende, el clima de inversiones”.

Hablando en nombre de 53 empresas autogeneradoras, los representantes del sector empresarial también revelaron al jefe de Estado que tienen información de que “se está contemplando modificar el reglamento de aplicación de la Ley de Hidrocarburos para aumentar el requisito de capacidad instalada de 4 a 15 megavatios”, con lo cual sólo cinco de las 53 empresas autogeneradoras calificarían para la exención de los combustibles.

Afirmaron que “cualquier modificación a los criterios de definición de empresa eléctrica generadora de electricidad para aumentar la generación efectiva actual de 4 megavatios, constituiría no sólo un atentado a los derechos adquiridos de estas empresas, sino que generaría un régimen discriminatorio entre empresas que si mantendrán la exención, que serían unas pocas, y las que las perderían, que serían la mayoría”.

En el encuentro con el presidente Hipólito Mejía, estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Lisandro Macarrulla; el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Manuel Diez Cabral; el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Arturo Villanueva, y los empresarios Luis Manuel Pellerano Amiama, José L. Corripio, José Miguel Bonetti, Manuel García Arévalo, Abraham Salman Hasbún, Franciso Carcía, Domingo Bermúdez y Julio Virgilio Brache.

También asistieron al encuentro con el mandatario, Roberto Rizik, consultor legal, y José Ramón Bonilla, consultor técnico.

Afirmaron que el acuerdos a que llegaron el 11 de febrero pasado funcionarios del gobierno y los generadores para desconocer los derechos de los autogeneradores y clientes no regulados, “constituyen intentos de violación de la Ley General de Electricidad 125-01 y la Ley de Hidrocarburos 112-00 y su reglamento de aplicación, ambas promulgadas por la presente administración”.

Además, dijeron que con esos acuerdos se trata de conceder, “una vez más, privilegios irritantes a los generadores”.

Advirtieron que de implementarse esos acuerdos, “se pondría en riesgo la permanencia de los sectores productivos nacionales y su inserción exitosa en los mercados internacionales, ya que tendría un impacto adverso sustancial y material en la competitividad de nuestro grupo de empresas”.

Explicaron que el efecto negativo sobre la competitividad se produciría en un ambiente de negocios de apertura comercial a través de los tratados de libre comercio suscritos con Centroamérica, Caricom y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Informaron que con la suscripción del señalado acuerdo, la Secretaría de Estado de Industria y comercio suspendió la expedición de las renovaciones de las resoluciones de clasificación para la exención de los combustibles utilizados por los autogeneradores.

Advirtieron que esta suspensión “constituye una violación a la normativa vigente, puesto que dicha renovación debe otorgarse siempre que las empresas eléctricas hayan cumplido con los requisitos establecidos”.

Además, informaron que desde hace meses se ha suspendido la expedición de resoluciones de clasificación de usuarios no regulados por la Superintendencia de Electricidad, “a pesar de que los solicitantes cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 125-01 y han agotado las formalidades legales, lo que les impide ejercer su legítimo derecho de comprar directamente energía a las generadoras”.

Consideraron que estas actuaciones desconocen los derechos adquiridos por las empresas autogeneradoras y clientes no regulados, consagrados en la Ley General de Electricidad y la Ley de Hidrocarburos, e inciden negativamente en la recuperación de las inversiones efectuadas al amparo del marco legal vigente.

Los representantes del sector empresarial dijeron que les consta “la permanente preocupación del señor presidente por apuntalar elproducto nacional en los mercados internacionales y garantizar la viabilidad del sector productivo nacional, como un sector clave en la generación de empleo y en la contribución fiscal; así como tampoco promover tratamientos discriminatorios a una parte del sector productivo”.

Sin embargo, consideraron que “la solución a la insostenibilidad del sector eléctrico en la República Dominicana no puede consistir en la negación del derecho a las empresas a autogenerar en condiciones de igualdad y poder comprar, de acuerdo con la Ley, directamente con generadoras privadas a precios por debajo de las tarifas reguladas”.