Claudio Acosta, en su columna “Lo Que se Dice” del pasado día 8 de este diario, con aguda visión, se extrañaba de cómo hay tantas vacilaciones e  irresponsabilidades con el asunto de los metales robados, fundidos y exportados en especial a China y la India provocando, en los organismos que le dan seguimiento a las exportaciones, un orgullo para destacar  que esos materiales desguazados son parte de un renglón importante como generador de divisas.

Nunca se habían visto tantas irresponsabilidades, complicidades y ocultamientos entre  autoridades y delincuentes, para extender una sombrilla  protectora  de impunidad hacia una actividad que ya llegó al colmo, no solo de desestabilizar las torres eléctricas, sino emprenderla en contra de los cables de sostén del puente Duarte, para llevarlo a un punto de colapso, sin que aparezcan culpables,  y si aparecen, no duran encarcelados lo que una cucaracha en un gallinero.

Desde hace años, el robo de estructuras  y artículos ferrosos, como tapas de imbornales de hierro  fundido, son parte de un negocio que comenzó tímidamente,  arrancando las letras de bronce de los residenciales y torres para ser recicladas por las fundiciones; luego, la emprendieron con mayores recursos y mayor apoyo oficial,  en contra de los puentes y de las vías férreas abandonadas de los ingenios clausurados.

Entonces se estableció un  negocio, en que muchos de esos metaleros de patio forjaron un poder económico  que les permitía lidiar con los intentos de las autoridades de vez en cuando de prohibir las exportaciones de chatarras y metales fundidos, pero con orgullo pregonaban que tales exportaciones casi iban a la par de las legales de ferroníquel o de cobre de la Falconbridge y Cerro Maimón, respectivamente. No hay dudas que existe una confabulación del metal en el país,  y por más golpes de pecho que se den  los responsables,  tanto autoridades como metaleros, y los ladrones que atrapan  esporádicamente, no hay una voluntad política decidida y firme que sea creíble para detener de una vez para siempre ese mercado criminal.

Ese mercado es  un mal que no es exclusivo del país, sino que corroe a casi todas las naciones pobres, que con tantas necesidades de sus habitantes, han encontrado en las necesidades de China y de la India  de abastecerse de metales, pero que entonces conducen a una situación de peligro a muchas estructuras metálicas en las naciones víctimas del azote delincuencial, dando lugar a un nuevo grupo social, que si bien no trafica con drogas o contrabando de otra naturaleza, lleva el desasosiego y angustia a la sociedad. 

Hasta ahora, las autoridades, desde las aduanales, las fiscales y policiales  no han sido lo suficientemente drásticas para frenar este mercado metalúrgico, que ha dejado más del 50% de los registros de alcantarillas sin tapas, puentes sin vigas, torres eléctricas  sin sostén y los edificios sin letreros, provocando los inconvenientes de que todo el mundo se queja, y más al ver la indolencia oficial para enfrentar el problema.

Al final de cuentas le echan la culpa al Código Procesal Penal, que los jueces alegan las deficiencias de las acusaciones, y amparándose en ese argumento, ordenan la libertad de los acusados, algunos con varios expedientes que vuelven de nuevo a sus fechorías metaleras, sin detenerse a pensar en los serios inconvenientes que le provocan al país.