POR UBALDO GUZMAN MOLINA
La Junta Central Electoral (JCE) envía una mala señal  a la sociedad al no someter a la justicia a los sacerdotes Pedro Ruquoy y Vigny Bellerive, quienes declararon a haitianos como dominicanos. La consideración es del director de Migración, Carlos Amarante Baret, quien sostuvo que las sotanas (curas) deben estar al servicio de la ley.

«Si la ley se viola, yo estimo que quienes la violan deben responder por esas violaciones», dijo el funcionario al ser entrevistado en el programa televisivo Hoy Mismo.

Consideró también que la ley debe ser igual para todos y que si Ruquoy y Bellerive la violaron, esos sacerdotes deben responder por esas acciones ante los jueces.

Asimismo, el director de Migración consideró «inaceptables» la denuncia del sacerdote Christopher Hartley, de servicio en el municipio de Los Llanos, de que el Ejército y la Dirección de Migración tenían 2,000 haitianos para traerlos irregularmente al país.

Igualmente, puso en duda que los dominicanos tengan sentimientos antihaitianos, por entender que es raro el que no alberga a un «haitianito» en su casa.

Consideró que la efectividad del plan nacional de regularización de los ilegales haitianos depende de un programa de seguridad fronteriza y admitió que el control de la frontera es frágil. Se mostró opuesto a la construcción de un muro en la frontera con Haití, como sugirieron los masones.

Cree que Haití «es un país en desintegración», donde proliferan las hordas armadas, narcotraficantes y se registran los más elevados índices de SIDA en América, lo que dificulta la solución de la inmigración haitiana en la República Dominicana.

Manifestó que el país tiene un convenio para repatriar a los ilegales haitianos, pero que no ha podido cumplirlo.

Cree que la República Dominicana está obligada por la ley 285-04 a enfrentar la presencia de miles de haitianos ilegales. Los ilegales haitianos son tantos, sostuvo, que ya hoy día están donde quiera.

Indicó que la comisión que trabaja en el Consejo Nacional de Migración ha presentado a la opinión pública el proyecto de reglamento para que todos los sectores, incluyendo a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que defienden a los haitianos, lo enriquezcan.

Señaló que el reglamento tiene quince días para que los sectores hagan sus aportes y que se les dará la redacción definitiva, para presentárselo luego al presidente Leonel Fernández.

A su juicio, el Estado dominicano ha sido históricamente irresponsable con su política migratoria.

Recordó que el dictador Trujillo tuvo una política migratoria definida, clara y precisa, pero que, luego de su ajusticiamiento, ésta se ha caracterizado por una total irresponsabilidad de las élites políticas, económicas, intelectuales y religiosas, porque se ha vivido de espaldas a Haití.

Sectores productivos y enquistados en las Fuerzas Armadas y organismos del Estado hasta hace poco tiempo, dijo, aprovecharon la falta de política migratoria para beneficiarse económicamente.

Recordó que cuando los braceros haitianos pasaron de los ingenios azucareros a otras áreas productivas, provocaron el enriquecimiento de muchos militares y civiles.

Manifestó que ha cancelado a decenas de inspectores porque se han asociado al tráfico de personas a través de los aeropuertos.

Indicó que todos los años para esta época comienzan los preparativos para el inicio de la zafra azucarera y que los consorcios solicitan una determinada cantidad de braceros.

Recordó que se reunió con los administradores de los consorcios azucareros en noviembre del año pasado, a quienes les advirtió que para la zafra del 2005 tendrán que acogerse a la ley.

A su juicio, los consorcios azucareros tendrán que buscar a alguien para traer mano de obra haitiana.

Agregó que los administradores de esos consorcios tendrán que ir al consulado, suministrar la lista de los haitianos, solicitar a la Cancillería que les apruebe y luego una comisión laboral, integrada por la Dirección de Migración y la Secretaría de Trabajo, les chequeará su visado y si están saludables.

«Los consorcios azucareros tendrán que acercarse a Migración. Un agente (no policía) puede traer una guagua con diez haitianos, pero no puede traer 12,000», advirtió.

En un mes, agregó, no se puede traer al país, al margen de la Dirección General de Migración, la Secretaría de Trabajo y el Ejército Nacional, 12,000 braceros, aunque sí 500.

El director de Migración expresó que no va a carnetizar a los haitianos ilegales en el país, si no se hace cumpliendo la ley.