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SAN JUAN (EFE).- Durante el presente año fiscal, el número de inmigrantes muertos provenientes de la República Dominicana han excedido los 100, informó ayer el capitán de la Guardia Costera de Estados Unidos en Puerto Rico, Douglas P. Rudolph. «Este año ha estado marcado por las tragedias de inmigrantes en el Canal de la Mona. La magnitud del actual flujo no tiene precedentes y está acompañada por alarmantes muertes», sostuvo Rudolph en una ponencia presentada ante senadores de la Comisión de Asuntos Internacionales y Federales.
Según las estadísticas presentadas por Rudolph, en enero y abril de 2004, 1.738 y 1.151 inmigrantes, respectivamente, fueron interceptados en mar o tierra, en contraste con los años del 2000 al 2003, cuando los números nunca alcanzaron los mil.
La comisión senatorial estudia la posibilidad de crear una comisión tripartita entre Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, para frenar los viajes ilegales, que el mes pasado ocasionaron la muerte de 40 dominicanos.
El presidente del Partido Revolución Dominicana en Puerto Rico, Rolando Acosta, explicó que en su país existen organizaciones dedicadas a organizar estos viajes, que tienen personal a cargo de reclutar viajeros, construir embarcaciones y vigilar la costas.
En Puerto Rico, dijo Acosta, un grupo de personas, coordinadas con organizadores de República Dominicana, brindan apoyo logístico a quienes ingresan al país.
De otra parte, la cónsul de República Dominicana en Puerto Rico, Fantina Sosa, indicó que la raíz del problema es de índole económica.
Mencionó que contrario a Puerto Rico, donde la economía está basada en el crédito, en República Dominicana se basa en el dinero en efectivo.
«Esta situación conlleva que los gobiernos no puedan satisfacer en su totalidad las necesidades básicas de una población, que en su inmensa mayoría, está dentro de los índices de pobreza», subrayó Sosa.
Acosta cree que los tres países involucrados deben aumentar las penas a 30 años de cárcel, a quien sea encontrado culpable de organizar, transportar, reclutar, facilitar, permitir o ser cómplice de los viajes ilegales.
También recomendó tipificar como delito menos grave el participar como viajero y compensar económicamente a quienes ofrezcan información que conduzca al arresto de los organizadores.
Sosa, por su parte, recomendó la imposición de una penalidad a las personas que intenten el viaje ilegal, y opinó que el acto de organizar los viajes debe considerarse un delito grave.
Margarita Sánchez, directora de Amnistía Internacional, Sección de Puerto Rico, señaló que «la búsqueda de alternativas, de cara a la migración irregular o sin documentos, y al tráfico ilegal de personas, requiere esfuerzos regionales e internacionales». Las expresiones de todos ocurrieron en sus respectivas ponencias.
