Sectores sociales han reaccionado preocupados al anuncio sobre la implementación del voto penitenciario para las elecciones del 2024, hecho este lunes por la procuradora general de la República Mirian Germán Brito, junto al presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo.

Representantes de los Derechos Humanos entienden que, aunque la medida es plausible, se debe escuchar primero todos los sectores involucrados, para evitar que esto sea utilizado como una herramienta política, que beneficie a partidos y/o candidatos particulares, de acara a la contienda electoral de próximo año.

“Sería por un lado bonito que se le respete (a los reos), los derechos ciudadanos, donde ellos puedan hacer uso de un derecho constitucional, pero esta decisión debe ser sopesada por las organizaciones más interesadas en esta parte, que son los partidos políticos, escuchando desde el partido más grande hasta el más pequeño, así como juntas de vecinos y grupos sociales, para ver sus pro y contra” expresó Alberto Díaz, presidente de la Organización Internacional de Derechos Humanos (OIDH).

Indicó que se debe evitar hacer clientelismo político con este tema de cara a un año preelectoral.

“Puede un partido de gobierno antojadizamente y de manera soslayada, propuestas de otorgar libertad bajo fianza, de dar dinero, el famoso clientelismo político, que podría tener como consecuencia el beneficio directo de un voto, de las miles y miles de personas que están privados de libertad”, señaló Díaz.

En ese sentido, el subcomisionado de los derechos humanos en la región Sur, Francisco Ciprián, coincide con el presidente de la JCE Román Jaquéz, sobre la necesidad de sanear el padrón electoral, para que sólo puedan participar de este proceso aquellos reos que cumplen medidas coercitivas y se excluyan a aquellos que fueron sentenciados.

“A esos privados de libertad de manera preventiva le inviste un principio de inocencia y ese principio prevalece y no está abolido por estar recluido de manera provisional”, expresó Ciprián.

De su lado, el presidente del organismo electoral había anunciado en la víspera, que tomarían las medias necesarias para garantizar que solo sufraguen quienes constitucionalmente tienen derechos.

En ese sentido, el jurista Hiddian Medina, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), indica que la Constitución dominicana es clara en definir quiénes pueden o no participar en las elecciones, por lo que el planteamiento de la autoridades, de ejecutarse de manera correcta, no riñe con la ley.

“En nuestro sistema carcelario existen dos tipos de personas privados de libertad, son los llamados presos preventivos, aquellos que son acusados de un crimen o delito, pero que todavía no se ha determinado su culpabilidad… y otros, los llamados presos que tienen una sentencia firme (quienes no pueden votar), ya que ese sentencia, además de que les cohíbe de su libertad, les cohíbe de los ejercicios de sus derechos”, aclaró Medina.

El sistema penitenciario actual cuenta con unos 26,000 reclusos, de los cuales cerca del 50% son preventivos, por lo que, esta iniciativa habilitaría alrededor de 13,000 votantes, para la contienda electoral del próximo año.