EFE 
Cristina Fernández saluda a seguidores (foto archivo).
Cristina es acusada de haber cometido los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió ayer, martes, de los alegatos y el pedido de condena de la Fiscalía en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015), asegurando que se trata de un juicio “al peronismo”.
“Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, aseveró tras lamentar la “persecución política y mediática” en su contra, en un discurso emitido por redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta—, luego de que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.
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Cristina Fernández está acusada de haber cometido presuntamente los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
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Tras un alegato que se extendió por nueve jornadas, la Fiscalía pidió este lunes para Cristina Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, al tiempo que propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una cuantía de 5.231 millones de pesos (unos 36,4 millones de dólares).
Durante su alocución, de hora y media, la vicepresidenta argumentó que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó con su testimonio la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar el “guion” de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
Asimismo, la vicepresidenta mostró algunos mensajes de teléfono entre empresarios investigados por corrupción y funcionarios afines al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), con el fin de cuestionar el criterio de los fiscales, y sugirió que el tribunal a cargo de la causa está obrando al margen de la Constitución.
