Manila, (EFE).- El Gobierno de Filipinas dio hoy la orden de impedir la salida del país de la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, a quien considera en riesgo de fuga, después de que el Tribunal Supremo la autorizara a viajar al extranjero para recibir tratamiento médico.

Ocho de los trece magistrados del Supremo votaron por la mañana a favor de anular la restricción de salida del país impuesta por el Ejecutivo contra la exmandataria y su marido, José Miguel Arroyo, sospechosos de fraude electoral y de malversación de fondos.

La secretaria de Justicia, Leila de Lima, respondió al fallo ordenando a las autoridades de inmigración y aeroportuarias «que tomen las medidas necesarias para implementar la restricción contra los Arroyo» e impidan la salida del país de la expresidenta y su esposo.

De Lima dijo que el Gobierno recurrirá la decisión judicial, mientras el portavoz del Alto Tribunal, Midas Marquez, advertía a los medios locales de que «cualquiera que desafíe una orden del Supremo deberá responder ante la justicia».

 La hoy congresista por su provincia natal de Pampanga y su esposo son sospechosos en varios casos de fraude electoral y corrupción y figuran desde agosto en la lista de personas con riesgo de fuga.

Aquejada de problemas de la glándula tiroides y de las cervicales, Macapagal Arroyo solicitó un permiso especial para someterse a un tratamiento médico en el extranjero, un trámite obligatorio por figurar en la lista.

Ante la negativa del Gobierno, la expresidenta y su esposo, denunciados por amañar las elecciones legislativas de 2007 y también investigados por otro amaño en los comicios presidenciales de 2004, recurrieron la semana pasada la medida ante el Supremo. «Los abogados de Arroyo fueron capaces de demostrar que la prohibición de viajar era probablemente una injusticia», dijo Marquez a la prensa.

La pareja tenía la intención de abandonar el país «lo antes posible», según indicó el marido de la expresidenta en un comunicado en el que afirmaba que iban a tratar de comprar los billetes hoy mismo para salir de Filipinas junto a una enfermera y dos auxiliares. Su abogado, Ferdinand Topacio, indicó posteriormente que Arroyo pretende volar primero a Singapur y luego a España. «Si el diagnóstico en Singapur es bueno no hará falta que vayan a España», dijo Topacio.

De Lima había difundido las sospechas del Gobierno de que Arroyo y su familia quirían pedir asilo político en la República Dominicana, una información desmentida por los portavoces de la exmandataria y por la cancillería dominicana. Macapagal Arroyo, que gobernó Filipinas entre 2001 y 2010, tiene pendientes otros seis procesos judiciales por delitos de fraude y corrupción.

Está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con los fondos de asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero, de compra de fertilizantes para agricultores y de beneficencia.

Uno de los últimos cargos presentados en su contra la acusa de corrupción en un contrato firmado con la empresa de comunicaciones china ZTE en 2007, supuestamente sobrevalorado en 200 millones de dólares (147 millones de euros).

El Gobierno filipino de Benigno Aquino tiene previsto presentar al menos dos denuncias más contra Macapagal Arroyo antes de que termine el año. Ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, o su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia hasta el momento. EFE