El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) consideró este sábado que el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita “in loco” a Bolivia fue “condescendiente” con las denuncias sobre persecución política por parte del Gobierno de Luis Arce.

En un mensaje en Twitter, el actual líder de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora en el Parlamento nacional, valoró que el informe de la CIDH “confirma la crisis terminal de un sistema judicial dependiente, que afecta el ejercicio de la democracia y de los derechos, y ratifica la urgencia de una reforma estructural».

“Pero es condescendiente con la persecución política ejercida por el actual gobierno”, remató el exmandatario.

En la misma red social, el también expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) consideró que el informe “deja sabor a muy poco».

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“Su silencio ante la persecución judicial es esa ‘neutralidad’ que elige el lado del opresor. La ‘C’ de Comisión, en Bolivia, se convirtió en ‘C’ de Complicidad con Arce y Evo (Morales). Penoso”, escribió Quiroga.

El organismo inició el lunes una visita “in loco” de cinco días a las ciudades bolivianas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre para verificar aspectos como la institucionalidad democrática, el acceso y las garantías en la justicia, la población carcelaria y las personas en estado de vulnerabilidad.

En la víspera, los comisionados ofrecieron un reporte preliminar en el que expresaron su preocupación por el “recrudecimiento” de la violencia partidista e instaron a dejar de lado intereses personales y que se generen espacios para la “reconstrucción del tejido social».

La CIDH confirmó además las visitas realizadas a las cárceles donde se encuentran la expresidenta interina Jeanine Añez, el gobernador de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, y el líder cocalero César Apaza.

El organismo se limitó a decir que los tres “se autoidentificaron como presos políticos” y que sus “requerimientos han sido puestos en conocimiento del Estado».

Además, la CIDH indicó que comparte la preocupación expresada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019 en Bolivia, respecto a la existencia en el país de tipos penales “poco claros y objetivos” como “sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes».

“Al respecto, según testimonios recibidos, en el marco de acusaciones por dichas figuras, alrededor de 200 personas detenidas, se autoidentifican como presas políticas”, indica el informe.

En cuanto a la Justicia boliviana, la CIDH dijo que recibió “preocupante información sobre la falta de independencia, debilidad, ineficiencia y falta de transparencia” en esa área y que todos los entrevistados sobre esta materia coinciden en que “se ha manejado de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno».