Expresidente Lagos dice crisis Chile es “gravísima”

Chilean police clash with anti-government demonstrators during a protest in Santiago, Chile, Tuesday, Nov. 12, 2019. Students in Chile began protesting nearly a month ago over a subway fare hike. The demonstrations have morphed into a massive protest movement demanding improvements in basic services and benefits, including pensions, health, and education. (AP Photo/Esteban Felix)

El expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006) dijo ayer que la crisis en la que está sumido el país hace 4 semanas es “gravísima” y advirtió que el tiempo para responder a las demandas de una mayor justicia social “se agota”. “Es necesario salir pronto de la situación, recuperar convivencia serena y pacífica que permita responder a las justas demandas sociales que han desatado esta crisis. Buscar un cauce para que las demandas planteadas encuentren respuestas y que se recupere la confianza por parte de la sociedad en sus instituciones”, dijo.
Lagos reconoció el país vive “una crisis de Estado en su conjunto” y aseguró que “la violación de los derechos humanos es inaceptable como lo es también la gran violencia de estos días”. “Así no se construye un país”, agregó el exmandatario, quien fue una de las principales figuras opositoras a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El estallido social que vive Chile, el más grave desde el retorno de la democracia, ya deja 20 muertos -5 de a manos de fuerzas de seguridad- y miles heridos y detenidos, y denuncias de abuso policial y torturas.
Las multitudinarias protestas, que se iniciaron el 18 de octubre por la subida del precio de pasaje de metro y se convirtieron en un clamor contra el Gobierno y el desigual modelo económico heredado de la dictadura, son en mayoría pacíficas, aunque se han registrado duros enfrentamientos entre manifestantes y agentes, saqueos y destrucción de mobiliario público.
Gran parte de los chilenos culpa a la actual Carta Magna -redactada en 1980- de las grandes desigualdades económicas del país, pues abrió la puerta a la privatización de servicios básicos como la educación, la sanidad o pensiones.