París. El expresidente Nicolas Sarkozy fue detenido para interrogatorio el martes, una primicia para un exjefe de Estado francés, en el marco de una investigación por sospechas de tráfico de influencias.

Esta detención preventiva para interrogatorio se produce en momentos en que arrecian en Francia los rumores sobre la voluntad de Sarkozy de volver a la política y de tratar de recuperar la jefatura del partido conservador UMP.

Los investigadores de la brigada anticorrupción de la policía judicial podrán interrogar al exmandatario conservador (2007-2012) durante 24 horas, que pueden extenderse un día más.

Al finalizar los interrogatorios, puede ser liberado sin cargos o transferido a un juez de instrucción para incoarle un proceso. Sarkozy, y antes de él el expresidente Jacques Chirac fueron imputados en casos judiciales, pero nunca estuvieron en detención preventiva para interrogatorio.

Sarkozy llegó a las 08H00 locales (06H00 GMT) a la sede de la dirección central de la policía judicial (DCPJ) en Nanterre, suburbio de París. En ese lugar se encuentran detenidos desde el lunes su abogado, Thierry Herzog, y dos altos magistrados de la fiscalía de la Corte de Casación, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust.

Los investigadores quieren saber si Sarkozy intentó obtener, con la ayuda de su abogado, informaciones de un magistrado prometiéndole a cambio un cargo de prestigio.

Además, en el marco de una investigación iniciada el 26 de febrero pasado, los investigadores quieren averiguar si Sarkozy fue informado ilícitamente de que la justicia había autorizado la escucha de sus conversaciones telefónicas.

La decisión de intervenir los teléfonos de Sarkozy había sido adoptada en septiembre pasado por el juez que investiga las acusaciones de que el lider libio Muamar Gadafi había financiado su campaña electoral en 2007.

Un retorno político complicado

Sarkozy, de 59 años, fue derrotado en las elecciones de 2012 por el socialista François Hollande. La actual investigación puede complicarle seriamente cualquier tentativa de presentar su candidatura en los comicios de 2017.

Según rumores insistentes, el expresidente pretende volver a la vida política, tomando las riendas de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP, oposición de derecha), empantanada en una crisis sin precedentes a raíz de un escándalo de falsas facturas y debilitada por el avance de la ultraderecha en las últimas elecciones europeas.

El asunto se inició en el segundo trimestre de 2013, cuando varios allegados de Sarkozy fueron puestos bajo escucha a raíz de la investigación sobre los fondos libios: los exministros Claude Guéant y Brice Hortefeux, así como Michel Gaudin, exjefe de la policía nacional y exprefecto de la policía de París.

Este último, que tras la derrota electoral de Sarkozy en 2012 fue nombrado director de gabinete, mantuvo varias conversaciones que interesan a la policía. Aparentemente, buscó en vano obtener información del jefe de los servicios de inteligencia interior, Patrick Calvar, sobre el avance de la investigación libia.

Los jueces tomaron entonces la decisión, sin precedentes en Francia, de poner bajo escucha al expresidente, en especial el teléfono que utilizaba con el seudónimo de «Paul Bismuth» para hablar con Herzog. Y las conversaciones entre los dos hombres pueden hacer pensar que trataron de obtener informaciones de Gilbert Azibert.

Las conversaciones de Sarkozy con su abogado concernían las agendas del expresidente, objeto de investigación en el caso Bettencourt.

La justicia decidió guardar esos documentos, que podrían servir para otras investigaciones. Además de los casos del financiamiento libio y del tráfico de influencias, la justicia francesa realiza otras investigaciones que podrían representar otros tantos escollos en el camino de retorno a la política de Sarkozy.

Su nombre es citado en media docena de causas. La semana pasada, la fiscalía de París encargó a jueces financieros una investigación por falsificación, abuso de confianza y tentativa de estafa, esta vez por la financiación de la campaña de Sarkozy por la presidencial de 2012.

Se sospecha que los mítines de campaña de Sarkozy fueron financiados en gran parte por la UMP a fin de ocultar que el candidato sobrepasaba el tope de gastos autorizado legalmente.

La policía investiga asimismo la regularidad de contratos firmados entre el palacio presidencial y nueve institutos de sondeo durante la presidencia de Sarkozy.