BOGOTA.  AP.  Miles de ex combatientes del conflicto interno colombiano que entregaron sus armas al gobierno han descubierto una desventaja de la vida civil: el desempleo.  

De ambas partes de los antiguos frentes de batalla, ex milicianos de derecha y rebeldes izquierdistas están siendo atraídos a trabajos como secuestradores, portadores de drogas y sicarios de nacientes grupos del crimen organizado, una nueva amenaza de seguridad que representa uno de los mayores desafíos para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

  El ex rebelde Sabas Duque, que utiliza una silla de ruedas porque quedó parcialmente paralizado en un tiroteo, ahora ayuda a manejar un taller de Bogotá que enseña a elaborar artesanías con papel maché y tela, pero conoce a muchos otros ex combatientes que han dejado sus empleos y han regresado a trabajar como pistoleros.

  “Muchas de esas personas (desmovilizadas) caen en el ’desorden’ (o vida disipada), empiezan a consumir alcohol, droga y es fácil seguir por el camino de la delincuencia … lo que tú sabes hacer es eso y aquí te proponen a que continúes en lo mismo”, narró Duque, de 43 años.  

Desde 2003, unos 54,000 combatientes han accedido a entregar las armas y muchos de ellos recibieron a cambio dinero en efectivo y otro tipo de ayuda.

La mayor parte pertenecían a grupos paramilitares de extrema derecha que se desintegraron bajo un acuerdo de paz con el gobierno en el que se ofreció a sus líderes sentencias de cárcel reducidas.  

Las autoridades aún proporcionan asistencia a unos 32,000, entre ellos al menos 6,000 que encontraron trabajos, pero el resto de los ex combatientes murieron o han sido expulsados del programa debido a comportamiento delictivo, de acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración.

   El cheque que el gobierno les expide cada mes es de unos 170 dólares, con frecuencia menos de una cuarta parte de lo que las bandas del crimen organizado le pagan a un sicario, dicen analistas.  

Los nuevos grupos, que llevan nombres como Los Rastrojos y Las Aguilas Negras, prosperan con el tráfico de cocaína y otros delitos. Incluyen a algunos ex rebeldes, pero en su mayoría están integrados por ex paramilitares de extrema derecha.

  En ocasiones, incluso antiguos rivales ideológicos se unen para obtener beneficios mutuos en el delito, dicen las autoridades.   El general Humberto Guatibonza, director de la Policía antisecuestro, dice que han notado que los ex guerrilleros y los ex paramilitares se están juntando y a ellos se les unen delincuentes comunes.

Los grupos paramilitares fueron formados en la década de 1980 para defender a los hacendados y a los narcotraficantes de la extorsión de los rebeldes y posteriormente se transformaron en bandas armadas que con frecuencia operaban en concierto con los soldados.

Al menos el 55% de los combatientes que han dejado las armas provienen de los paramilitares, afirman las autoridades.  

Sin embargo, grupos defensores de los derechos humanos dicen que muchos paramilitares ignoraron el acuerdo de paz que sus líderes alcanzaron con el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe y por ende nunca se desarmaron.

“Creo que los grupos surgidos tras la desmovilización de las organizaciones paramilitares constituyen la mayor amenaza al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos en Colombia.

Estos grupos mantienen una fuerte presencia en gran parte del territorio nacional y son una fuente principal de violencia contra la población”, dijo Christian Salazar, representante de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.   Ahora el país tiene al menos siete bandas del crimen organizado con unos 8,000-10,000 integrantes en total, de los cuales se cree que entre el 20 por ciento y el 25 por ciento son ex combatientes, de acuerdo con Nuevo Arco Iris, un organismo de investigación nacional.

Por su parte, la Policía reconoce seis grupos y dice que en conjunto tienen unos 5,000 miembros.  

El ex paramilitar Duván Barato, de 38 años, regresó a la universidad para estudiar psicología y siente que definitivamente ha dejado atrás los días en que se ganaba la vida extorsionando a los hacendados, pero algunos de sus ex compañeros de armas que obtuvieron títulos universitarios pasan apuros para encontrar trabajo.

El gobierno proporciona capacitación laboral a los participantes en campos como la cocina y la carpintería y también ofrece asesoría psicológica y programas de actualización para estudiantes mal preparados.  

Las autoridades pagan la matrícula escolar de Barato y de otros ex combatientes y también les ofrece apoyo para que obtengan un empleo.   Sin embargo, con frecuencia los hombres enfrentan otros desafíos.

Muchos son rechazados por sus colegas de trabajo y por otros que se enteran de la labor que solían realizar.   “No nos ven como personas que podemos aportar al mismo proceso y que somos fuerza laboral”, dijo Barato.

“He sido afortunado; no he sentido ese rechazo y ese estigma sobre mí porque la gente que sabe que yo soy desmovilizado”.

Las claves

1.  Baja tasa homicidios

La tasa de homicidios en Colombia ha disminuido en más de la mitad, de más de 70 asesinatos por cada 100,000 habitantes al comienzo de la década pasada a 33 en 2010.

2.  Alto costo para la paz

Algunos expertos advierten que los puntos débiles del esfuerzo gubernamental podrían resultar costosos.

FARC continúan en pie de lucha

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el principal grupo rebelde del país, continúan combatiendo al gobierno con unos 9,000 efectivos, aproximadamente la mitad de los que tenían en el 2000.   A pesar de los problemas, tanto el gobierno de Uribe como el de Santos consideran un éxito el programa de desmovilizados, pues cumplió su meta de hacer que decenas de miles de personas dejaran las armas. Las autoridades gubernamentales niegan que la tasa de delitos haya aumentado en los últimos años.   De hecho, la tasa de homicidios en Colombia ha disminuido en más de la mitad, de más de 70 asesinatos por cada 100,000 habitantes al comienzo de la década pasada a 33 en 2010, de acuerdo con un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.