Las exsecretarias de Educación Ivelisse Prats de Pérez y Ligia Amada Melo expresaron ayer posiciones contrarias sobre el nivel de prioridad que ha recibido la educación de parte del Estado en los 14 años de vigencia de la Ley General de Educación 66-97.

Mientras Prats de Pérez opina que el país ha tenido recursos para invertir más en educación pero que no ha sido una prioridad, Melo considera que los fondos públicos dependen de una planificación, y que la educación  ha sido  prioritaria.

Ambas fueron consultadas por separado con relación a declaraciones de directivos de la Coalición Educación Digna, quienes durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio afirmaron que el Estado ha tenido   recursos suficientes para asignar 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a Educación, pero no lo ha hecho porque lo despilfarra en otros asuntos.

Falta voluntad política.  A juicio de Prats de Pérez,    ha faltado la voluntad política para hacer de la educación una prioridad nacional.

 Consideró que el presupuesto es un instrumento de desarrollo, en que las partidas se asignan de acuerdo a las áreas de importancia para ese año.

“Cuando la clase política no tiene las condiciones concretas de cómo administrar el Estado, entonces entra el papel de la ciudadanía activa”, aseguró.

Educación es prioridad.  Por el contrario, la ex secretaria de Educación Ligia Amada Melo consideró que la educación sí es una prioridad de Estado y que los miembros de la Coalición hicieron una suposición.

 “Si la educación no fuera prioridad no se hubiera llevado el promedio de escolaridad de  cuarto curso en 1996, a sexto en el 2000 y a octavo  ahora”, dijo.