Los pequeños empresarios que alegan fueron sacados de forma irregular del programa de alimentación escolar protestaron ayer frente a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en demanda de respuestas sobre la investigación de las supuestas anomalías detectadas en licitaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Moisés Medina, vocero del colectivo, aseguró que las empresas afectadas han interpuesto más de 200 recursos jerárquicos ante Contrataciones Públicas, organismo que debe velar porque estos procesos sean llevados a cabo de manera pulcra.

Por su lado, África Montás afirmó que el total de mipyme perjudicadas ronda las 500, las cuales permanecen habilitadas para suplir al Inabie, pero no fueron adjudicadas.

“Estamos aquí porque queremos respuestas del señor Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas. Él ha luchado mucho en anteriores ocasiones, pero nuestra lucha, que tenemos desde el pasado 8 de octubre, todavía está en un silencio administrativo”, manifestó.

Sobornos detrás de todo

Medina sostiene que el Departamento de Compras del Inabie decidió sacar a su grupo de las adjudicaciones y beneficiar a otro que no contaba con la preparación adecuada, “porque ellos se acogieron a lo que se les exigió: sobornos”.

Afirmó que a él llegaron a pedirle dinero por adelantado y un 50% de las ganancias del contrato.

El director de Compras y Contrataciones Pública, Carlos Pimentel, afirmó hoy que en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) existe un entramado entre funcionarios y proveedores escolares.

“Vemos que hay claramente un entramado que involucra funcionarios y proveedores. Solamente se puede depredar el erario público cuando hay un contubernio de lo público y lo privado”, dijo al referirse a la investigación que realizan.

“La dirección está apoderada de varios recursos. De algunas medidas cautelares. Además en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República tenemos una investigación. Que ya informamos al país que el informe preliminar indica que esta investigación tiene indicios de tipo penal. De continuar ese curso ese caso lo vamos a entregar a la Procuraduría General de la República que es quien tiene las competencias para investigar hechos de naturaleza penal”, indicó.