El Consejo Nacional de Migración extendió ayer por un año la vigencia de los carnés y pegatina (sticker) de estatus migratorio a los extranjeros que se inscribieron en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en el que se registraron alrededor de 260 mil personas, pero más del 90% no ha completado su documentación.
La reunión del Consejo la encabezó el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, quien explicó que le dieron las instrucciones al director de Migración para que en 30 días elabore el protocolo para que los extranjeros que se acogieron al Plan completen sus documentos.
“El plazo de un año comienza a correr a partir del 26 de agosto. Con esta extensión no tendremos que elaborar de nuevo los carnés”, expresó.
Migración. Detalló que la Dirección General de Migración al final decidirá cuál será el estatus migratorio que tendrán los extranjeros en función a lo que establece la Ley de Migración.

“Que quede claro que las personas que se inscribieron en el Plan y que no completen sus expedientes quedarán caducos sus documentos, y por lo tanto quedarán fuera del Plan”, sostuvo.

Costos. Destacó que una de las razones por las que extendieron la vigencia de los carnés, es que no podía comenzar a llamar a cada uno de los extranjeros inscritos para hacerles uno nuevo.

“Eso tiene costos y con la extensión pues evitamos esos costos, recuerden que el Plan le ha costado al Estado dominicano alrededor de 50 millones de dólares”, precisó el ministro.
Amarante Baret aclaró que el Plan ya terminó y solo sigue funcionando para los que se acogieron, que son alrededor de 260 mil personas. Señaló que la mayoría de estas personas tienen la categoría de “no residentes”, y para ellos cambiarla tendrían que someterse a los requerimientos que establece la Ley de Migración.
Destacó que los extranjeros ilegales están expuestos a ser detenidos por Migración y repatriados a sus naciones, y que los operativos de detención son permanentes.

Plan de Regularización. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se inició en 2015 ante las presiones que recibió el Gobierno dominicano tras la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucionol, que establece que los hijos de indocumentados no son dominicanos.