A estas alturas nadie discute que el presidente Luis Abinader se anotó una gran victoria con la aprobación de la controversial Ley de Extinción de Dominio, que como político inteligente no tuvo reparos en compartir con el Congreso Nacional, como tampoco que a partir de su entrada en vigencia habrá necesariamente que hablar de un antes y un después en materia de lucha contra la corrupción.

Que evidentemente no desaparecerá de manera automática con su promulgación, sería pedir demasiado para un mal endémico que nos acompaña desde que tenemos uso de razón, pero los ciudadanos que estamos hartos de tanta corrupción impune, que no somos pocos, tenemos derecho a esperar que, a partir de hora, “quien la hace la paga, y quien roba devolverá lo robado”.

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Es por eso que debemos empezar a familiarizarnos, como nos aconseja el mandatario, con un nuevo concepto que en lo adelante será parte de nuestro ordenamiento jurídico; el de la justicia restaurativa, que persigue no solo sancionar al que hizo el daño, en este caso quien perpetró el robo, sino que se restaure el daño causado al recuperar los bienes sustraídos de manera ilícita al patrimonio público.

Algún aguafiestas con gadejo dirá que podría pasar mucho tiempo, conocida la lentitud viciosa de nuestro sistema de administración de justicia, para que podamos ver sus resultados concretos (léase sentencias con la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada), pero aún así habrá valido la pena la espera, que si hacemos las cosas bien no será tan larga para las generaciones que vendrán detrás de nosotros.

Son esas generaciones las principales beneficiarias de este esfuerzo por adecentar nuestra vida pública, por erradicar la corrupción que ha llenado tantos bolsillos, pues por lo que se ha visto en los expedientes que cursan en la justicia si no le ponemos freno ahora lo que recibirán de herencia será un país saqueado y desmoralizado sepultado para siempre en sus miserias.