Sergio Sarita Valdez
Quizás debido a sus atributos instintivos maternos dirigidos a garantizar la sobrevivencia de la especie, la mujer ha desarrollado una capacidad extraordinaria para percibir las tempranas manifestaciones de cualquier tipo de dolencia humana. Nadie como ella para advertirnos de los peligros que nos acechan en las esferas biológica, psíquica, social y ambiental. De ahí lo inteligente de prestar atención a cuanto nos señale o advierta una dama.

Fechada 3 de marzo de 2008 recibí una atenta comunicación de la Directora del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar.                                          Aunque la carta estaba dirigida al funcionario equivocado debido a que no soy el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, deseo compartir la misma con ustedes, atendiendo a que procede de una persona que nos merece mucho respeto y admiración por su seriedad, responsabilidad, entrega total al trabajo y apego a la ética profesional. Leamos en el párrafo siguiente una transcripción del contenido esencial de la misiva que nos enviara la Dra. Luisa Lafontaine.

“Distinguido Dr. Sarita: Después de saludarle cordialmente, le estamos solicitando nos oriente en cuanto a la situación que nos ocupa en cada ocasión en que uno de los médicos forenses es requerido para realizar el levantamiento de alguna persona fallecida sin haber estado hospitalizada en este centro: es decir que muere antes de llegar a nuestras emergencias. Regularmente el médico (que por lo general viene acompañado de militares), les solicita a los familiares un pago por este servicio; lo que ocasiona que se interprete que este pago es reclamado por los militares de seguridad o empleados de este centro. Es mi interés que usted me edifique si esto es lo acostumbrado, o normatizado, para así proceder a informar a los familiares en cuanto ocurra el caso”.

La institución que ahora reúne a los médicos legistas y forenses fue creada mediante reglamentación interna por el pasado Procurador General de la República y ahora senador por la provincia de Santiago. Dicha entidad es conocida por las siglas INACIF a la cual en su debido momento hemos puesto nuestras objeciones. Tal y como habíamos advertido, en corto tiempo dicho engendro empieza a dar sus frutos. Uno de ellos es la extorsión a familiares de las víctimas de la violencia, en donde profesionales con poco escrúpulo se aprovechan del dolor, aturdimiento y sorpresa de una situación trágica para retener o retrasar la entrega de un cadáver a sus deudos a menos que los afectados lubriquen las manos de estos vividores de la tragedia humana.

Ante tan seria y valiente denuncia de la Dra. Lafontaine corresponde a la máxima autoridad del ministerio público tratar de ponerle el cascabel al gato. Ojalá que quien tiene ese poder ahora consiga remenear la mata para que caigan los frutos podridos que tanto mal olor y desagrado aportan al ambiente social dominicano. ¡Quizás mañana sea tarde!