Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
Un dominicano solicitado en extradición por autoridades judiciales de Estados Unidos y que lleva más de cinco meses preso en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, acudió ayer por ante la Suprema Corte de Justicia para que se invalide la petición bajo el alegato de que se han violado sus derechos constitucionales.
Francisco Antonio Martínez alega que fue acusado por las autoridades estadounidense «sin aportar las pruebas suficientes, se convierte en el primer caso que llega a la Suprema Corte, luego que ese tribunal pasó a trazar las reglas en materia de extradición.
Martínez fue requerido en extradición el 19 de diciembre pasado. Es representado por los abogados Marino Mendoza, Jesús Féliz Jiménez y Juan Ramón Vásquez, quienes aseguran que no hay pruebas que avalen el pedido de extradición.
Los abogados piden a la Suprema Corte ordenar al procurador general Francisco Domínguez Brito y al consultor Jurídico del poder Ejecutivo, César Pina Toribio, que le remitan el expediente de la solicitud de extradición para que pueda conocerse en el tribunal.
Hacen la petición, explican, conforme a las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal.
Además solicitan a la Suprema Corte declarar la ilegalidad de la prisión de Martínez porque se violó la Constitución y los tratados internacionales, garantistas de la libertad personal y del respecto al debido proceso de ley, suscrito por el país y aprobado por el Congreso Nacional.
Sustentan su alegato en que la solicitud sólo expresa que Martínez participó en «confabulación para distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, cocaína, en violación de las secciones 812, 841 (a) (1), (841) (b) 1) A) y 486 del título 21 del Código de los Estados Unidos», lo que entiende conforme a las disposiciones legales vigentes, no es suficiente para aprobar la extradición.
Plantean los abogados que la acusación es a todas luces carente de la más mínima prueba que pueda conllevar la extradición de Martínez, lo cual se hace constar en un informe de la procuraduría general, que expresa «el resumen jurado de los hechos y las pruebas indicadas por las autoridades norteamericanas, unidas a ciertas declaraciones del requerido ante nosotros, resultan inadmisibles e insuficientes contra dicho requerido».
Los abogados sostienen que Boid M. Jonson III, fiscal federal delegado del Distrito Sur de Nueva York, en apoyo a la solicitud de extradición preparó una declaración jurada, la cual basa en suposiciones que no constituyen pruebas fehacientes, que puedan incriminar a su defendido.
Alegaron que su cliente en ningún momento fue visto ni detenido poseyendo sustancia controlada alguna, ni en el momento en que requisaron su vehículo, tampoco posterior a ese hecho, razón por la cual «nunca fue colocado bajo arresto por las autoridades pesquisidoras, es decir, los agentes especiales del FBI encargados de la investigación.
