Abogados de inversionistas españoles, norteamericanos y canadienses denunciaron graves inconvenientes de sus clientes con empresas inmobiliarias de la provincia La Altagracia  que habrían vendido a   otras personas  los bienes que ya les habían vendido a ellos.

Dijeron que temen perder terrenos, villas y apartamentos con un costo global  que supera los 150 millones de dólares. Informaron haber incoado demandas.

Inversionistas españoles, norteamericanos y canadienses denunciaron que están afrontando inconvenientes con empresas inmobiliarias de la provincia La Altagracia, donde han adquirido terrenos, villas o apartamentos que luego son revendidos a otros adquirientes.

La denuncia la hicieron los abogados apoderados  Eduardo Sanz Lovatón, Sigmund  Freund, Jorge Amado Méndez, Napoleón Estévez y Claudio Stephen, quienes revelaron que  más de cien adquirientes ven peligrar inversiones que sobrepasan los 150 millones de dólares.

Dijeron que los afectados han incoado demandas  judiciales contra las empresas inmobiliarias  en República Dominicana y  elevado quejas en las misiones diplomáticas de sus respectivos países.

Se quejaron, además, de que los registros de títulos de los bienes adquiridos tardan mucho en ser expedidos y que se juega con la seguridad jurídica que debe primar en bien de las inversiones en el sector turístico en el país.

Los abogados revelaron que han llamado la atención “sobre el peligro que representa  para la imagen  del país y para su seguridad jurídica la situación que afrontan los inversionistas.

La clave

1. Mala práctica

Los abogados de la  defensa de los adquirientes explicaron  que esta situación se ha producido “por una mala práctica en el sector turístico”, combinada con los retrasos anormales de los registros de títulos en el país. Las denuncias sobre estas  prácticas por parte de empresas inmobiliarias  no son las primeras, ya que en el pasado han sido frecuentes, afectando principalmente a inversionistas extranjeros  sin que las autoridades hayan actuado.