POR JUAN M. RAMIREZ
El representante en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sugirió a los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) desistir del cobro de los incentivos y otros beneficios en ese organismo, como lo hicieron los magistrados Aura Celeste Fernández,  Mariano Rodríguez y el presidente del organismo, Julio César Castaños Guzmán.

Niky Fabiancic definió la actitud de los magistrados mencionados como un buen ejemplo, que debe ser imitado por los demás miembros del tribunal y todos los funcionarios de organismos del Estado.

“Es un beneficio irritante para la población, habida cuenta que representa ingresos por más de diez salarios mínimos en adición a lo que es el salario regular, por lo tanto esperamos que este buen ejemplo cunda ya que está en la línea de lo que ha prometido el señor presidente de la República cuando sometió el proyecto de rectificación fiscal de la austeridad”, precisó el diplomático.

El presidente de la JCE hizo pública su renuncia al cobro del incentivo de RD$66,000, en una carta remitida a los demás miembros del pleno, aduciendo que el país no lo considera justo.

La decisión del doctor Castaños Guzmán se produjo luego del impasse surgido a raíz de la denuncia de la doctora Fernández de que el cobro de ese emolumento es un “fraude a la ley”, y de que la Cámara de Cuentas se declarara incompetente para emitir una opinión técnica acerca de la ilegalidad o no del incentivo, que le solicitó el presidente de la JCE.

Otro magistrado que también renunció al incentivo fue el presidente de la Cámara Contenciosa, el doctor Rodríguez, devolvió más de RD$132,000 que había cobrado en dos meses. Cinco de los jueces de la JCE afirmaron anteayer que la decisión del presidente de ese organismo de renunciar al cobro de los incentivos no es vinculante, y que ellos expondrán su posición en el seno del Pleno. Los doctores Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa, quien habló a nombre de los demás miembros de ese órgano que integran José Aquino García y César Féliz Féliz, Eddy Olivares y John Guiliani, adelantaron, sin embargo, que respetarán cualquier decisión que se odopte por mayoría.

“La Cámara Administrativa de manera responsable va a defender la institucionalidad de la JCE; en el pleno anterior hubo un compromiso de los nueve jueces, de no emitir opiniones individuales y públicas sobre ese tema y ninguno de los miembros de esta Cámara se va a referir, bajo ningún concepto ni criterio, a ese respecto que no sea en el Pleno” advirtió Rosario. Agregó que ese órgano de la JCE no se va a apartar de lo que son sus responsabilidades frente al país, las cuales, afirmó, va cumpliendo muy bien. Olivares dijo que la decisión del presidente de la JCE, no ata a los demás miembros de ese organismo toda vez que son personas con criterios y decisiones individuales. El doctor Guiliani informó que someterá una propuesta al Pleno para que se designe una comisión de técnicos que revise el “concepto completo” de lo que es el salario de los jueces, ya que según afirmó el incentivo es parte integral del sueldo.

PREOCUPACION POR QUIEBRA
El representante del PNUD manifestó su preocupación por la crisis que atraviesan las zonas francas con el cierre de algunas y el despido de miles de trabajadores.

Precisó que el Grupo M de Santiago es un sector muy importante para la economía del país, ya que cuenta con más de 12,000 empleos directos y más de 40,000 indirectos, así como con 2000 empleos formales en Haití, por lo que demandó sea respaldada en casos de dificultades.

Recordó que cuando empresas emblemáticas de Estados Unidos confrontan problemas el Gobierno acude en auxilio con el objetivo de salvaguardar importantes fuentes de ingresos. “Por lo tanto sugiero al Gobierno dominicano, tomar todas las medidas, todos los mecanismos que sean pertinentes, necesarios para apoyar a empresas como el Grupo M que tanto hacen para la República Dominicana y también para aliviar una situación tan difícil en Haití”, expresó.