Hoy 
POR JUAN M. RAMIREZ
La deforestación, la degradación de los suelos, la contaminación y la vigencia de leyes obsoletas en materia de recursos hídricos amenazan la sostenibilidad del agua y la población rural en la República Dominicana.
Esas consideraciones fueron expuestas anoche durante el inicio del taller internacional “Agua: un recurso natural que requiere una cogestión local. Conceptos y experiencia”, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN).
Asimismo, por el Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ), el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU).
Precisaron que el desarrollo sostenible de la sociedad dominicana es sumamente dependiente de que se garantice la disponibilidad del agua a largo plazo.
Con el objetivo de preservar el líquido, el Programa Gestión de Recursos Naturales respalda reformas en la gestión de cuencas hidrográficas, a través del fomento de procesos de descentralización de las instancias gubernamentales, el fortalecimiento de las funciones de los municipios y de la sociedad civil, así como de algunos métodos de producción que respeten el medio ambiente.
El “Informe Mundial sobre Desarrollo Humano” reveló que un millón ochocientos mil dominicanos no tiene acceso al agua potable.
Un documento del programa señala que con un crecimiento económico promedio del 5.9% anual, el país estaba situado en la década de los 90 sobre el nivel promedio de la región, pero que ese crecimiento no contribuyó significativamente a reducir la pobreza.
Señala que según estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en la actualidad aproximadamente un 30% de la población vive en la pobreza y en medio de un proceso de empobrecimiento creciente.
Precisa que la deforestación y la degradación de los suelos se convierten en “amenazas serias” para la población pobre rural y que la creciente inmigración de haitianos incrementa el riesgo de destrucción de los recursos naturales, a causa de su uso intensivo.
Considera que el manejo sostenible de cuencas hidrográficas, apoyados por el Estado y la sociedad civil contribuyen a garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo en la República Dominicana, pero que para lograr ese objetivo es necesario fortalecer la capacidad de la Secretaría de Medio Ambiente, los municipios y la sociedad civil.
Niky Fabiancic, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expuso que el marco jurídico que regula el sector del agua en el país se basa en una realidad que ya no existe en la República Dominicana.
Recordó que la población dominicana para 1975 era de cinco millones de habitantes, en el 2004 era de ocho millones 800 mil y que se espera que para el 2015 sobrepase los 10 millones.
Indicó que el porcentaje de la población en 1975 era de alrededor del 46%; para el 2004 es de 66%, y para el 2015 se espera que será de 74%.
Con esos datos el representante del PNUD considera que la República Dominicana pasó de ser un país agrícola rural a una nación concentrada en zonas urbanas, lo que cree constituye un desafío para los planes futuros.
Opinó sobre la “Ley de Distribución de Agua Pública” que se mantiene vigente desde el año 1942, la Ley de Dominio de Agua Terrestre y Distribución de Agua Pública, de 1962; la que crea el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), de 1965, además de la Ley de Conservación de Agua Subterránea de 1969.
En el inicio del taller, en el hotel Santo Domingo y que continúa hoy en hotel Quinto Centenario, participaron el secretario de Medio Ambiente, doctor Max Puig; Frank Cáceres, en representación de Marcos Villamán, del CONARE; Fausto Ruiz, presidente de FEDOMU; Michael Serra, representante de la embajada de Alemania y Juan José Espinal, del CEDAF.
Además, Andrei Jouravlev, oficial para asuntos económicos, división de recursos naturales e infraestructura de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien dijo las palabras centrales.
