Proponerle al Gobierno dominicano que abra las puertas del país a todos los haitianos que quieran ingresar de modo exprés como aspira el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU es querer llevar al presidente Luis Abinader al desconocimiento de la Constitución que le asigna facultades y de las leyes que organizan y regulan todos los vínculos territoriales, aéreos y marítimos con el resto del mundo para la llegada o salida de bienes y personas.

El fin humanitario que el señor Volker Turk asigna al reclamo de acoger viajeros sin selectividad y sin indagar motivaciones ni antecedentes de cada individuo no es válido para que el país haga trizas de su Estado de derecho, ponga en riesgo su propia seguridad por una penetración desordenada de migrantes de toda especie que le haría asumir costos económicos y sociales irracionales y sobrepasar su capacidad material y de orden público.

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La penetración indiscriminada de extranjeros a la que se querría dar pie perpetraría un irrespeto a la seguridad jurídica movido por defensores de refugiados y llevaría a nivel desproporcionado la presencia de quienes huyen de las desgracias de su país y ya constituyen una excesiva comunidad foránea que ocupa la casi totalidad de los empleos de importantes sectores productivos dominicanos o son parte del extendido y deformante sector informal. Ninguna inmigración debe escapar a regulaciones ni a la validación rigurosa de los motivos humanitarios que se aleguen.