El delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, afirmó que a esa organización le urge que la Junta Central Electoral (JCE) determine si el candidato a senador del Partido Revolucionado Moderno (PRM), por la provincia Duarte, cumple con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes sobre la materia en el país.

Fadul indicó que resultaría relevante que el órgano electoral se pronuncie en ese sentido, «en vista de que Franklin Martín Romero fue condenado en los Estados Unidos por un expediente vinculado al tráfico de drogas y lavado de dinero».

Argumentó que la República Dominicana es signataria de convenciones internacionales promovidas para hacer más efectivos los mecanismos de prevención, detección y sanción de los fenómenos delictivos de naturaleza transnacional.

En ese sentido, Fadul, miembro del Comité Político del PLD y ministro de Interior y Policía, emplazó al candidato presidencial Luis Abinader, y la cúpula del PRM, explicar al país la vinculación de miembros y candidatos de esa organización política en actividades de narcotráfico internacional.

Indicó que el PRM debe abandonar la «fallida estrategia» de pretender sacar el tema de la opinión pública “y, por honor y respeto al pueblo dominicano, explicar por qué el narcotráfico ha permeado las estructuras de esa entidad política”.

“Que se deje de distraer la atención de la población dominicana con temas intranscendentes y acciones legales carentes de rigor jurídico, ya que la población espera es que ellos (el PRM) diga de manera clara y detallada de la relación de algunos de sus candidatos con un tema tan delicado y tenebroso”, indicó.

Fadul señaló que llama a preocupación que luego de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber pedido en extradición al dirigente del PRM, Yamil Abreu Navarro, por su implicación en varios casos de drogas, la agrupación que preside José Ignacio Paliza no haya dado una explicación convincente al país.

Precisó que el referido partido opositor lo único que ha hecho es distraer la atención con oponerse a las medidas del Estado de Emergencia por el COVID-19 y denunciar que miembros de la Policía Nacional están siendo utilizados en actividades ajenas a sus funciones.