La República Dominicana no avanza porque es incapaz de asumir con determinación y altura los grandes retos que enfrenta. Hay múltiples ejemplos y aquí me referiré a la falacia sobre el jus solis y el jus sanguinis.

La nacionalidad es importante por las implicaciones legales del veredicto estatal sobre quién es o no dominicano/a. Supone asuntos tan esenciales como adquirir un acta de nacimiento, que será necesaria para realizar transacciones civiles.

La Constitución actual establece como principal mecanismo para la nacionalidad el lugar de nacimiento (jus solis). Quien nace en territorio dominicano es dominicano/a, y la Constitución no establece condición sobre el estatus legal de quienes procrean.

En el 2005, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que no calificaban para la nacionalidad dominicana los hijos de inmigrantes indocumentados haitianos, restringiendo así el jus solis.

Ahora se busca establecer constitucionalmente lo que es ya un veredicto de la Suprema, y también expandir los derechos de nacionalidad a los descendientes de dominicanos residentes en el exterior (jus sanguinis).

Por muchas décadas, los haitianos han ingresado a territorio dominicano como trabajadores en la industria azucarera, y luego en una diversidad de actividades económicas.

Ninguna potencia extranjera obligó a República Dominicana a permitir el ingreso de esos trabajadores. El gobierno y los empresarios dominicanos lo hicieron solitos para su propio beneficio.

Los empresarios desean mano de obra barata para tareas arduas como el corte de la caña, la producción de arroz y café, y la construcción, y encontraron en los haitianos una reserva obrera de bajo costo y carente de derechos.

Por eso los gobiernos dominicanos del último siglo han contribuido a facilitar la migración haitiana, primero mediante contratos con el gobierno de Duvalier, y en décadas más recientes, por arreglos informales de trata humana.

La amplia presencia de haitianos en territorio dominicano se debe pues a la dinámica laboral, dominada por un empresariado dominicano explotador e incapaz de modernizarse tecnológicamente, un Estado complaciente con los sectores empresariales, y la miseria de Haití.

Esta migración aumenta los beneficios empresariales, pero también representa costos para la sociedad dominicana por los requerimientos de servicios públicos (por precarios que sean), y agrava además los resentimientos históricos entre ambas poblaciones.

Muchos que se proclaman contra la migración haitiana consideran que debe restringirse el jus solis y fortalecerse el jus sanguinis en la nueva Constitución. Pero eso no resolverá el problema social-migratorio. Lo agravará.

La restricción del jus solis está ya establecida por sentencia de la Suprema Corte y los haitianos han seguido emigrando a pesar de la restricción.

Tampoco sucederá que los hijos de inmigrantes dominicanos en el exterior regresarán a vivir a la República Dominicana por el jus sanguinis.

Y es que la migración no es fundamentalmente un asunto de nacionalidad, sino de búsqueda de supervivencia económica.

En el campo de los derechos humanos, sin embargo, la restricción del jus solis creará un serio problema, porque gestará una casta de personas nacidas y criadas en territorio dominicano que nunca tendrán derecho constitucional a la nacionalidad dominicana.

Cuando un país no desea inmigrantes debe impedir su llegada. Lo que no debe es permitir la migración, explotar los inmigrantes, y luego negarles derechos fundamentales.

La sociedad dominicana vive de ficciones muy peligrosas, y es un profundo error creer que la restricción del jus solis y la ampliación del jus sanguinis resolverán los problemas migratorios.

Es un camino peligroso porque privará de nacionalidad a un amplio segmento de la población dominicana de origen haitiano, y agudizará las tensiones entre dominicanos con derechos y domínico-haitianos sin derechos.

La restricción del jus solis contra los hijos de inmigrantes indocumentados es una solución cobarde ante un grave problema.