Policía, Ministerio Público y Judicatura componen un sistema que debería dar respuestas certeras y oportunas al problema de la delincuencia, pero la reincidencia delictiva indica que ese conjunto tiene graves fallas. La facilidad conque obtienen la libertad los delincuentes se deriva de falta de sustanciación de los expedientes, mala investigación policial, contaminación de evidencia, corrupción y otras causas responsabilidad de la Policía y el Ministerio Público. Y la lenidad a cargo de jueces.

La sociedad está necesitando, y demandando cada vez con más fuerza, cambios sustanciales en el comportamiento del aparato que debe perseguir, investigar y castigar el delito. Cambiar las fichas del ajedrez no es la solución si la estrategia, la línea de conducta y de acción, va a ser la misma. La seguridad pública no puede seguir a merced de un conjunto tan pésimamente vertebrado, que no responde a los dictados de sus propias reglas y leyes.

Tampoco el exterminio de presuntos delincuentes, en desacreditados intercambios de disparos, puede entenderse como solución socialmente aceptable. Los delitos deben acarrear consecuencias, tanto los que cometen los antisociales como los de lesa justicia, mediante los cuales se logra la libertad fácil y se alimenta la reincidencia. El país necesita hacer cumplir la ley caiga quien caiga.

Declaración de patrimonio

La Declaración Jurada de Bienes debería tener un uso más útil que el de simplemente cubrir apariencias. Una particularidad de su ineficacia es que se declara patrimonio al asumir una función, pero al salir nadie se ocupa de pedir nuevas cuentas. Y es dudosa la verificación de los datos que cada funcionario aporta en su declaración. Esto, aparte de que muchos se dan el lujo de no cumplir el requisito y, por tanto, no dan cuenta de sus haberes y teneres.

Más que instrumento de manipulación política a discreción, este requisito debería constituir un instrumento para apuntalar la necesaria y obligatoria transparencia en el manejo de los bienes públicos. No puede pasar sin pena ni gloria el hecho de que 1,277 funcionarios se salten el requisito de formalizar su declaración, al asumir y al dejar un cargo.