La pobreza de municipios genera migraciones de jóvenes que huyen hacia grandes centros urbanos espantados por la crujía que a veces se vive en pueblos que parecen olvidados de Dios y de los gobiernos.

La pertinaz creación de municipios y distritos municipales que ha congestionado los 48 mil kilómetros cuadrados del país de administraciones edilicias, muchas de ellas a cargo de minúsculas poblaciones, no se ha traducido en mejores servicios a los habitantes de las jurisdicciones y sí ha aumentado la capacidad de lucrarse de activistas políticos ansiosos por facturarles a los contribuyentes sus «desvelos partidarios».

Lo que ha sobrevenido para el nutrido mosaico de poblaciones bajo mando de cabildos, minicabildos y entelequias es una dispersión de los pocos recursos que obtienen través de los arbitrios (impuestos municipales) que el Estado les permite, el que con su supremacía les lleva a depender de los reforzamientos financieros «por goteo» que el presidencialismo les suelta a veces.

Solo les queda autorización por ley de fijar arbitrios en sus limitadas demarcaciones siempre que no entren en contradicción con los impuestos nacionales, las reglas del comercio y el régimen de exportaciones que los gobierno protegen como vacas sagrada y siempre residirá en los tribunales decidir cualquier controversia sobre si gravar o no determinadas actividades. Camisa de fuerza.

Como «el que hizo la ley hizo la trampa», sucesivos gobiernos, centralizadores y empeñados en colocar sus prioridades por encima de todo lo demás, fueron arreglando el andamiaje legal para que las reglas del juego preservaran sus potestades de «batuta y constitución», mientras la «creatividad» de los liderazgos partidarios regionales se entregaba a la multiplicación de cotos que permiten regir fracciones del país, dando pie a más burocracia y al pago de sueldos por encima del promedio para quienes encabezan las micro hermandades políticas.

La existencia a la fecha de 158 municipios y 232 distritos municipales significa que en menos de tres decenios, el número de gestiones autónomas de servicios en ciudades y pequeñas colectividades casi se duplicó, mientras el crecimiento demográfico comenzaba a declinar.

La tasa de fertilidad del ciclo reproductivo de la mujer descendió en 20 años de 3.1 a 2.1, y la migración interna hizo que una proporción importante de habitantes pasara a residir a un menor número de municipios bajo la poderosa atracción de polos turísticos y la macrocefalia capitaleña donde aparecen más posibilidades de ganarse la vida.

Sobre la atomización de autoridades autónomas, Waldys Taveras, director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, alianza de carácter municipal algo opacada, sostiene que «el aumento de la burocracia municipal ( ) que han auspiciado las elites políticas para tener más posiciones a repartir en los torneos electorales bajo la errada justificación de que la creación de nuevas demarcaciones políticas administrativas genera más desarrollo, ha afectado significativamente la capacidad financiera para la prestación de los servicios municipales».

La carga es enorme. Una de las leyes que rigen la vida municipal no se anda con remilgos en sus mandatos a los alcaldes y directores de distritos que deben reservar, en buen orden y amplitud, espacios para cementerios y servicios fúnebres incluidos.

Recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos urbanos y hasta rurales, ocuparse de la limpieza vial en su mínimo detalle, reconstruir y mantener en buenas condiciones las calles, aceras, contenes, caminos rurales, plazas, mataderos, mercados; servicios y personal para prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente y planeamiento urbano.

Y como si no bastara, los legisladores consignan la posibilidad de que los cabildos asuman obligaciones adicionales para lo cual les dejan abierta una puerta a la posibilidad de apoyarse en el Gobierno para un protagonismo mayor.

El aspecto de la mayoría de las zonas urbanas municipales niega que las autoridades edilicias estén cumpliendo a cabalidad siquiera sus compromisos esenciales con las comunidades.

El municipalista Taveras sostiene que para hacer competentes las gestiones edilicias procedería asignarles un 5% del ingreso fiscal ordinario y que la distribución de los recursos no esté basada solo en el tamaño de las poblaciones.

Que debería crearse una cuenta de asignaciones presupuestales especializadas para responder a necesidades que afecten de manera particular a territorios urgidos de reducir migraciones, sobre todo de jóvenes que huyen hacia grandes centros urbanos, espantados por la crujía que a veces se vive en los pueblos olvidados de Dios y de los gobiernos.

La multiplicación de jurisdicciones municipales, auspiciada por élites políticas, afecta significativamente las finanzas

Nudos al cuello.

La ley 176-07 que acentúo la disposición constitucional que recorta las alas que hacían posible a los cabildos agenciarse más recursos, tiene colocada en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo el prestar o no ayuda financiera a las alcaldías y direcciones de distritos.

La ley orgánica que asigna a las gestiones edilicias un 10% de las recaudaciones presupuestadas anualmente, nunca se ha cumplido. La eventual ayuda a ser extendida desde el Palacio de los poderes máximos deberá tener una «adecuada justificación del uso de sus recursos».

La mendicidad reditúa más que la supuesta autonomía municipal.

Por años, las asignaciones por este concepto se mantuvieron prácticamente invariables y se redujeron del 6.2% de los ingresos internos en el 2012 al 2.1 en el recién año 2020.

Para este 2021 -destaca Taveras- existirá un aumento de la partida presupuestaria al 2.9% por los recursos de aportes estatales internos con tendencia a una ejecución del 3.1%.

El reconocido municipalista deplora que los ayuntamientos hayan sufrido una disminución de ingresos propios en virtud de sentencias del Tribunal Constitucional que declaró contrarios a la constitución arbitrios a ser aplicados a una parte de la publicidad exterior, al registro civil y al renglón de «Conservaduría de Hipotecas».

-Deberían reportar ingresos también el pago por «uso de rampas» y por tarifa para peajes por transitar con carga que ingrese a la zona urbana. Las acciones legislativas y las judiciales del más alto nivel, han estado en contra del crecimiento financiero del llamado «poder municipal».

Al tiempo que la incapacidad para captar recursos empobrece a los cabildos, persiste la cruda realidad de que el costo de los servicios que prestan se eleva inmoderadamente, sin que haya funcionado un mecanismo de indexación, desde la administración fiscal, a la que el Estado debería sentirse obligado para garantizar supervivencia de las gobiernos de ciudades para cumplir su papel.

Una gran debilidad.

Sorprendentemente, y como si la mayoría de las administraciones municipales estuvieran en el limbo, ninguna de ellas ha hecho valer el artículo 60 de la ley 176-07 que les otorga potestad para que, sujetándolas a tasas de tributos, se ocupen de conceder las licencias para apertura de establecimientos industriales, comerciales o de cualquier otra índole, y de emitir licencias para obras en general, salvo ordenanzas de leyes sectoriales, cuyo verdadero alcance nunca ha sido puesto a prueba como previsión a posibles excesos de gastos.

Además, la organización del tránsito y el transporte urbano es una competencia municipal en la mayoría de las ciudades del mundo. A nivel local y nacional esta competencia ha sido usurpada dándose lo que Taveras define como el surgimiento de «empresas disfrazadas de sindicatos que sustituyen los gobiernos locales en la administración del tránsito urbano».

Posteriormente vino la creación del Instituto de Tránsito y Transporte, Intrant, que ha colocado a los ayuntamientos a ser acompañantes de menor rango para las reglamentaciones que aplica el citado órgano del gobierno central.

El nunca jamás.

Lo que nació como una conquista para las comunidades municipales a nivel continental para que los ciudadanos adquirieran voz y voto en la toma de decisiones en materia de inversiones urbanas bajo la categoría de «Presupuesto Participativo» como ocurría en los inicios, en República Dominicana solo ha existido en teoría.

La fórmula para forjar alianzas de comunidades con participación de voluntarios para reducir costos en acuerdo con autoridades edilicias, experimentó una desnaturalización desde que llegó al país.

Y así es como lo describe Taveras: «Aquí lo que hay es una participación en el gasto municipal generando una actividad clientelar en la que participan en su gran mayoría alcaldes, regidores y dirigentes comunitarios que sacan pingües beneficios adjudicándose las construcciones de infraestructuras en gran medida de mala calidad, claro que con raras excepciones».

En sus orígenes, el «Presupuesto Participativo» suponía apoyar la creación de pequeños negocios y microempresas comunitarias bajo el esquema de fondos sometidos a concursos para el desarrollo municipal que ningún ayuntamiento dominicano aplica.