Entre las muchas fallas y debilidades institucionales que persisten en el país, hay una que por su delicada naturaleza atenta contra una salud alimentaria segura, que debe ser garantizada por las autoridades y que no podrá tener vigencia plena mientras se carezca de la aplicación de un sistema de consecuencias a quienes violan normas y procedimientos sanitarios.
Frente a este tipo de inexcusables deficiencias orgánicas, con frecuencia se habla de la necesidad de crear nuevos instrumentos legales, pero en realidad este es un país saturado de leyes en todos los órdenes y ámbitos, y lo que se necesita es vigilar su estricto cumplimiento e imponer drásticas sanciones a quienes las ignoran.
El cumplimiento de las normativas legales e institucionales es un factor indispensable para garantizar orden y seguridad a toda la población y en materia de salud alimentaria esto juega un papel crucial que requiere especial cuidado de parte de las autoridades.
Por esas razones de capital importancia no se explica cómo de tiempo en tiempo resurgen graves problemas como la práctica de vender leche a granel sin ninguna observación sanitaria y a pesar de que su importación y venta en el país está prohibida por Pro Consumidor, que ha realizado periódicas batidas de incautación en diferentes puntos del territorio nacional.
Tras esa expresa prohibición y los operativos realizados desde el año pasado por ese organismo, en el comercio ha vuelto a venderse leche a granel, lo que constituye una burla y desafío a la ley, ya que se comercializa a plena luz del día, a la vista de todos y en las narices de las autoridades en paquetes de 1, 3 y hasta cinco libras.
El año pasado Pro Consumidor informó que en solo dos meses sus brigadas habían decomisado 200 sacos con mercancía prohibida. Sin embargo pasada esa fecha la leche siguió vendiéndose como pan caliente en distintos puntos del país, lugares en los que el brazo de la ley parece estar ausente, como ocurre nuevamente.
Los sacos en que el producto es importado se manipulan sacando la leche con latas y cucharas, lo que además de violar la veda, no permite un tratamiento higiénico y con seguridad sanitaria para evitar problemas de salud a los consumidores.
Todo esto se agrava además por el hecho informado por el propio Pro Consumidor, de que análisis de laboratorio practicados a muestras de las incautaciones han demostrado que no responden a los criterios de lo que debe ser una leche con nutrientes.
Pro Consumidor ha actuado en este caso como en muchos otros, amparado en la ley 42-01 de Salud Pública, pero es obvio que no cuenta con los medios necesarios para poner término definitivo a las citadas violaciones, por lo que necesita la colaboración y el respaldo de otros organismos oficiales.
Un aspecto colateral de esta problemática fue tratado de forma acertada e ilustrativa en un reciente editorial de HOY, en que se advierte que es de rigor la vigencia de normas reclamadas para un trato preferencial a la leche de origen nacional e impedir que la puesta a disposición del público de un producto de cuestionada calidad implique riesgos para la salud de la población.
Otro punto no menos importante a tomar en cuenta como responsabilidad del Estado es la protección a la ganadería nativa y a los distribuidores que cumplen con las normas de elaboración y envasado, ofreciendo en el etiquetado las especificaciones de sus componentes, a los fines de que los consumidores cuenten con una información precisa sobre el producto que van a ingerir.
Tal como ha sostenido la Asociación de Industrias de la República Dominicana, las autoridades deben aplicar, sin más dilaciones y excusas, todo el peso de la ley a quienes persisten en la peligrosa práctica de expendio de productos sin higiene y calidad.