RAFAEL TORIBIO
Pese a lo sugerente y desafiante del tema, esperé hasta ahora para escribir sobre el informe de The Fund for the Peace en el que se indica que participamos de los indicadores que definen a un Estado como fallido, o en vías de serlo, y la posterior polémica surgida a después de las declaraciones del Presidente de la República negando rotundamente que estemos en esa situación.

Esto me ha permitido conocer opiniones y argumentos distintos, tomar una cierta distancia e intentar reflexionar sobre el asunto sin la pasión de ser parte de la polémica.

De estrada, estas cosas me han llamado la atención. La primera es que el estudio se realiza entre 2003 y 2004, período que coincide con el descalabro económico del país por lo que a los problemas estructurales se adiciona una grave crisis económica, que los agrava. En esos momentos, la situación no puede ser peor. La segunda fue la tardanza del presidente Leonel Fernández en reaccionar a la publicación del informe y la dimensión que le dio al mismo. Su reacción fue semanas después de haberse publicado y lo denunció como un posible argumento justificador de una eventual intervención, o de que se buscara una solución conjunta a la problemática de Haití, involucrando a República Dominicana, cuando somos dos Naciones y Estados diferentes, en desigual nivel de desarrollo económico, social y político. Un tercer asunto llamativo es que los defensores más vehementes de que no somos un Estado fallido terminan por reconocer que padecemos los problemas que pueden conducir a un país a ser un Estado fracasado.

A continuación, algunas de mis reflexiones, no sobre la consistencia metodológica del informe, sino de lo que su contenido nos debiera sugerir y respecto a la polémica desatada con su publicación. He podido apreciar que ninguna de nuestras personalidades públicas ha aceptado que somos un Estado fallido, ni que lo podemos ser, aunque se vea obligada a reconocer que como país tenemos problemas que a otros los ha conducido al fracaso. Es muy posible que esto le lleve a aceptar privadamente lo que públicamente niega: que si bien no somos un Estado fracasado, si seguimos permitiendo que los gobierno se sucedan y los problemas permanezcan, incluso agravados, podemos llegar a serlo.

Contrario a lo que se ha argumentado, parece que la situación en sí de un Estado fallido no mueve a una intervención de potencias extranjeras, a no ser que ese país tenga una importancia estratégica para una o algunas de las potencias hegemónicas, sea en lo político o en lo económico. Una posible intervención puede ocurrir, no porque el Estado sea fallido, sino porque, además, tuviera reservas estratégicas energéticas importantes, petróleo por ejemplo, o represente un peligro para la seguridad de alguna de las potencias, como puede ser posible base del terrorismo.

He podido apreciar una permanente confusión entre Gobierno y Estado, señalada en alguna de las intervenciones del Presidente de la República. La presentación del país como un Estado fallido mereció la defensa de las principales autoridades gubernamentales de la pasada y presente gestión, quizás pensando que la responsabilidad de tal situación se le atribuiría. Sin embargo, el posible fracaso de un Estado no puede ser atribuido a un gobierno en particular, sino a todos los que han realizado una gestión ineficiente a través de la historia. Cierto es suponer que unos gobiernos serán más responsables que otros por haber sido peor su gestión al frente del Estado. Pero además, es necesario señalar que el fracaso de un Estado no es culpa solamente de sus gobiernos, sino de toda la sociedad. Es el fracaso de la organización política, social, económica, y de su clase dirigente.

Independientemente de lo que diga el informe de la Fundación por la Paz, somos un Estado, entendido éste como una Nación jurídica y políticamente organizada, con todos las características que definen al Estado moderno; existencia y división de Poderes, capacidad probada de lograr crecimiento económico sostenido por décadas y una sólida democracia, aunque sea fundamentalmente electoral. Sin embargo, tenemos graves problemas a solucionar, que de no hacerlo oportunamente, nos pueden conducir al fracaso como Estado.

En situación de pobreza tenemos más del 50% de la población y, por lo menos, un tercio de esta en pobreza extrema. Somos uno de los países de mayor desigualdad de América Latina, que es la región más desigual del mundo. En términos generales, los servicios públicos, aparte de tener una obertura limitada, son de mala calidad. En educación, además de tener una escolaridad promedio del 5to. curso de la primaria, que solo dedicamos dos horas y treinta y seis minutos diarios al trabajo académico en la escuela, e invertimos solo la mitad de lo que establece la ley, la evaluación de los estudiantes revela un pobre nivel de conocimientos.

En la salud también los servicios son altamente deficientes, afectando a la mayoría de la población que acude a los centros públicos, con una inversión que no llega al 2% del PIB. Además de que la inversión pública en estos dos importantes sectores es el 50% de lo que la ley establece sólo para educación, más del 80% se gasta en sueldos. Por otra parte, es ahora, ya en pleno siglo 21, cuando la población dominicana cuenta por primera vez con un régimen de seguridad social y un sistema de pensiones generalizados, en su fase inicial, no exento de dificultades.

En cuando al empleo tampoco andamos bien. De la población económicamente activa alrededor del 16% está desempleada, y de los que tienen trabajo el 54% se encuentra en el sector informal. Además, en momentos de globalización, competitividad y sociedad del conocimiento, el 54% de la fuerza laboral empleada tiene como escolaridad promedio el cuarto año de ¡nuestra! primaria.

A todo lo anterior hay que agregar que el problema de la energía lo padecemos desde la década de los 70 sin que hasta la fecha se haya podido solucionar; que los cargos de la administración pública es botín para los militantes del partido ganador de las elecciones; que tenemos una inmigración haitiana no regulada y sin cuantificar; que más de un millón de dominicanos y dominicanas han tenido que emigrar a otros países en búsqueda de las oportunidades que el suyo no les brinda; que la delincuencia y la violencia han crecido hasta desbordar la capacidad de la policía nacional; que todavía la justicia es demasiado lenta y se siguen produciendo muertes en intercambios de disparos, que para algunos son «ejecuciones extrajudiciales»; que los poderes fácticos, tanto internos como externos, mediatizan las decisiones que deben ser tomadas y ejecutadas, y que fuimos capaces tener crecimiento económico durante más de cinco décadas sin lograr un desarrollo proporcional a los recursos de que dispusimos.

Puede que un Estado que ha permitido esta situación no sea aún fallido pero, al menos, puede ser acusado de ineficaz e irresponsable.