Fallo a favor de Montesinos
desata protestas en Perú

Fallo a favor de Montesinos <BR>desata protestas en Perú

LIMA (AFP).- Un fallo de la justicia militar que exculpa al ex jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos, de una matanza en 1992 generó protestas de grupos humanitarias que advirtieron que a raíz de ese fallo Perú podría ser sancionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

   La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar absuelve a Montesinos de la muerte de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, asesinados por un escuadrón de la muerte llamado »Grupo Colina» durante el conflicto interno contra Sendero Luminoso (SL, maoísta).

   La decisión del tribunal castrense busca impedir que jueces civiles juzguen a los autores intelectuales del crimen, uno de los mayores actos de violación contra los derechos humanos de los últimos veinte años, denunció la Asociación Pro derechos Humanos (Aprodeh).

   Junto a Montesinos también fueron absueltos el ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, y el jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, Luis Pérez Documet, ambos generales en retiro. El primero de ellos está preso acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos.

   La justicia militar ratificó un fallo de agosto de 1994, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, que exculpó a los tres de toda responsabilidad en el asesinato.

   Aprodeh recordó que en esa época Montesinos era un personaje todopoderoso que tenía bajo su control a las fuerzas armadas y, por consiguiente, a la justicia castrense.

   La ratificación del fallo fue en respuesta a un pedido de Aprodeh que pidió la nulidad del proceso de 1994 para que los implicados pudieran ser juzgados en el fuero civil.

   Montesinos, Hermoza y Pérez Documet son acusados de haber ordenado el secuestro y asesinato de las diez víctimas de la matanza de La Cantuta, a manos del Grupo Colina en julio de 1992.

   El procurador especial Ronald Gamarra expresó su indignación por el fallo militar y lo calificó de nulo.

   A nivel internacional -explicó- el Estado peruano podría ser sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que ese tribunal ordenó a Perú investigar el crimen cometido durante el gobierno fujimorista.

   «La responsabilidad es para los Estados y no para los Gobiernos, siendo la justicia militar un órgano del Estado. Se emite una resolución en contra de lo que ordenó la CIDH, por lo tanto van a decir que el Estado peruano ha incumplido su compromiso internacional», remarcó el procurador.

   Francisco Soberón, director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comentó a la AFP que «esto confirma y ratifica que no ha habido ningún cambio desde la época del fujimorismo en cuanto a la actuación del fuero militar, que es un mecanismo de impunidad».

   Gloria Cano, abogada de Aprodeh, dijo que informará a la Corte Interamericana sobre la «actitud encubridora» del fuero militar de declarar cerrado el caso La Cantuta y dijo que demostrará ante ese foro que «la justicia militar no es independiente en sus fallos».

   En el caso La Cantuta también está involucrado el ex presidente Fujimori, cuya extradición ha pedido Perú a Japón al ser considerado por la justicia peruana como autor intelectual de esa matanza y de otra, la matanza de los Barrios Altos, en que fueron asesinados a sangre fría 15 personas, entre ellos un niño, en noviembre de 1991.

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