La Fundación Institucionalidad y Justicia expresó ayer su  consternación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia  con relación a los recursos de inconstitucionalidad incoados contra el contrato firmado por el gobierno y Sun Land.

El vicepresidente de la entidad, doctor Servio Tulio Castaños Guzmán,  indicó que el fallo se   constituye en un precedente en la justicia constitucional dominicana. Dijo que debilita el Estado de Derecho.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) manifestó su  consternación ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con relación a los recursos de inconstitucionalidad incoados contra el contrato con la Sun Land.

El vicepresidente de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán,  indicó que ese fallo se   constituye en un precedente en la justicia constitucional dominicana. “Pues debilita el Estado de derecho y la seguridad jurídica, al tiempo que significa un injustificable retroceso en materia de acceso a la justicia constitucional de los dominicanos.

  Agregó que un derecho ciudadano fundamental para el  ordenamiento jurídico dominicano, que es la denuncia en inconstitucionalidad por violación de trámites constitucionales, termina siendo restringida a unos pocos funcionarios.

Refirió que esa  sentencia constituye un hecho que la ciudadanía no puede aceptar pasivamente por las consecuencias que de ella se derivan.

 “Es que bastaría con que cualquier partido controle las presidencias de las Cámaras del Congreso para tener un cheque en blanco que le permitiría vulnerar los trámites constitucionales en los empréstitos públicos y demás actos que deban ser objeto de aprobación congresional”, enfatizó.

Refirió que para negar la admisibilidad de la acción de los denunciantes en inconstitucionalidad, la Suprema Corte  tuvo que restringir el precedente de la sentencia constitucional pronunciada el 8 de agosto de 1998, que para entonces configuró la figura del denunciante de la inconstitucionalidad como una verdadera acción popular que permitía a cualquier ciudadano erigirse en centinela de la constitucionalidad sin necesidad de alegar la afectación de un bien jurídico o un derecho subjetivo o patrimonial. Sólo le bastaba demostrar la gravedad y la seriedad de su denuncia. Castaños Guzmán dijo que es urgente que la reforma constitucional adopte un nuevo modelo que garantice, mediante  una Sala Constitucional en el seno de la Suprema de  una justicia constitucional expedita, que reconozca los derechos de la población.