CARACAS (AFP).- La oposición venezolana, tras cinco días de disturbios en Caracas que dejaron siete muertos, encaraba este miércoles la disyuntiva entre negociar mejores condiciones para validar 604.587 firmas que hagan posible un referendo revocatorio del presidente Hugo Chávez o continuar con las protestas.

«O tratamos de lograr algunas condiciones para ir al firmazo (como llama al proceso para la validación de las rúbricas observadas) o simplemente decimos que no vamos y ya sabemos que perdimos el revocatorio», afirmó el secretario general del principal partido de oposición, Acción democrática (AD, socialdemócrata), Henry Ramos Allup.

Ramos Allup, uno de los cinco máximos dirigentes de la coalición opositora Coordinadora Democrática, emplazó a sus colegas antagonistas de Chávez, a quienes dijo: «No hay otra cosa que hacer, lo demás son pamplinadas (tonterías) y la dirigencia tiene que correr con las consecuencias de una u otra decisión».

El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó la noche del martes que de un total de 3.086.013 firmas presentadas por la oposición, 1.832.493 resultaron válidas y 1.109.590 están en observación.

Otras 143.930 firmas fueron invalidadas sin apelación por motivos diversos (personas no inscriptas, firmas de menores, etc).

Para hacer posible el referendo revocatorio del mandato de Chávez se necesita un mínimo de 2,4 millones de rúbricas, por lo que a la oposición le faltan 604.587 firmas para alcanzar el número.

Dos líderes opositores, Julio Borges y Antonio Ledezma, respondieron la misma noche del martes, criticando la decisión y llamando a la gente a permanecer en las calles protestando, pero se mantiene la incógnita sobre la posición de otros líderes de peso dentro del grupo opositor.

El periodista e historiador Jorge Olavarría dijo este miércoles que la oposición todavía puede conseguir las firmas para que se dé el referendo, y llamó a sus líderes a no «dejarse ganar por el pesimismo y el derrotismo» y trabajar en función de los ‘reparos’ (validación de las firmas observadas).

Para este jueves, Ledezma anunció la convocatoria de una marcha contra la posición del CNE, cuyos detalles aún no han sido revelados.

«Ellos no van a ir a reparo» porque «saben que hicieron trampa» durante la recolección de firmas, argumentó del lado oficialista el ministro de Infraestructura y «delfín» de Chávez, Diosdado Cabello.

«Dentro de la Coordinadora (Democrática) hay algunos sectores que están dispuestos a ir a reparo; bueno, que se imponga la cordura, esos son los grupos que tienen que imponerse y no aquellos que hacen llamados a la violencia y después esconden la mano», exhortó Cabello.

Los opositores sostienen que los más de un millón de firmas observadas debieron haber sido validadas y habilitar su observación sólo en los casos en que los firmantes involucrados así lo soliciten, y no al revés.

Los representantes de la OEA y el Centro Carter, Fernando Jaramillo y Jennifer McCoy, dijeron el martes que estaban en desacuerdo con la decisión de una nueva validación del más de un millón de firmas observadas y se inclinaban por trabajar con un muestreo del universo total de rúbricas. No obstante tanto la OEA como el Centro Carter ratificaron la legitimidad del proceso como una salida democrática a la crisis política.

Este miércoles, el este y sureste de Caracas, desde el viernes pasado convulsionados con protestas opositoras, se mantenía hasta el mediodía en calma, con brigadas limpiando los escombros de las barricadas con las que bloquearon avenidas y calles en barrios de clases altas y media.

La oposición denunció que desde el viernes, más de 350 personas fueron detenidas en protestas, y que unas 37 todavía siguen tras las rejas.

El martes fallecieron dos personas más en choques entre opositores y efectivos de la Guardia Nacional, lo que aumenta a 7 los muertos en esta escalada violenta, que también dejó más de un centenar de heridos, muchos con armas de fuego.

El referendo revocatorio, previsto en la Constitución, emergió como salida a la crisis política de Venezuela con acuerdo de mayo de 2003 entre gobierno y oposición, auspiciado por la OEA, tras el efímero golpe de Estado de 47 horas de abril del 2002 y un paro opositor de 63 días (diciembre 2002-febrero 2003).