Conclusión. Después de las declaraciones finales de los últimos tres acusados, el juicio puede darse por terminado

El veredicto del caso por los sobornos que pagó Odebrecht en el país, por el que seis personas fueron sometidas a juicio, será dado a conocer por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el jueves 14 de este mes a las 3:00 de la tarde.

Tras escuchar ayer los discursos finales de los acusados Tommy Galán, Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga, el tribunal de primera instancia, que ha conducido el juicio por poco más de un año y que está compuesto por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, decidió reservarse el fallo para la indicada fecha, en virtud del plazo que establece el Código Procesal Penal para resolver ese tipo de casos.

Al dirigirse por última vez al órgano judicial, el exsenador Tommy Galán defendió la procedencia de su patrimonio y afirmó que le entregó al Ministerio Público todos los documentos que sustentan su declaración jurada de bienes.
Dijo que en los 18 años que estuvo en el Congreso Nacional, como diputado primero y luego como senador, participó en importantes reformas, especialmente aquellas de índole fiscal.

Aseguró que dentro de su labor congresual, en representación de San Cristóbal, acumuló más de 86 iniciativas legislativas propias, de las que 24 fueron aprobadas y hoy están publicadas en la Gaceta Oficial.

El acusado relató las ocasiones que como congresista tuvo que enfrentar los intereses de grandes entidades privadas.
“Yo nunca he sido un senador para entrar por la puerta de atrás”, dijo.

Roberto Rodríguez
El exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa), manifestó que ha perdido nueve años de su vida luego de ser diagnosticado con depresión y ser imputado del caso Odebrecht.
Pensó que ser sometido en un proceso penal sería “el final de su vida”.

“Entré al juicio convencido de mi inocencia de las acusaciones, que no eran más que un castillo de naipes o de arena”, externó.

Afirmó que se ha recuperado parcialmente de su condición de salud, puesto que ya no tiene alucinaciones ni delirios.

El exfuncionario consideró absurdas las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, entre ellas las declaraciones de Jean Alain Rodríguez, entonces procurador General de la República, de que el imputado recibió muchos cheques que, según Rodríguez, nunca aparecieron en el fardo probatorio.
“Me siento totalmente en paz y tranquilidad de saber que no tengo nada que deber ni de qué avergonzarme”, expresó.

Conrado Pittaluga
El abogado aseveró que su defensa técnica demostró que los contratos que él hizo para la firma brasileña no fueron simulados y que el servicio fue ofrecido, a pesar de que “cuando uno asume una contratación como esa, su reputación está en juego”.

Al cuestionar las acusaciones vertidas en su contra, el abogado manifestó que “no solamente ha sido perverso el Ministerio Público, sino la propia compañía Odebrecht”.

El pasado lunes, el tribunal escuchó las manifestaciones finales de los coacusados Ángel Rondón, empresario; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; y Andrés Bautista, expresidente del Senado y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

MP cumplió su rol
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que el MP “ha cumplido con la promesa hecha a los dominicanos” respecto a la aportación de pruebas y argumentos para lograr una condena contra todos los acusados.

“Hemos presentado las evidencias y los argumentos que indiscutiblemente darán al traste con una sentencia condenatoria para todos los encartados en este proceso, porque una vez las juezas analicen esas evidencias, la unión armónica de las mismas, no podrá haber otro resultado que no sea una sentencia condenatoria”, enfatizó.

En jornadas anteriores, el MP pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón y Díaz Rúa, siete años para Pittaluga y cinco años de reclusión para Bautista, Galán y Rodríguez.

De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso.