POR ODALIS MEJIA
Como una gran victoria para el país y un hecho sin precedentes calificó ayer el secretario de Medio Ambiente el fallo de  la Corte Federal del Estado de Virginia, en los  Estados Unidos, para que la República Dominicana pueda demandar a la empresa AES por el depósito de miles de toneladas de cenizas de carbón o rockash en territorio dominicano.

Max Puig informó que el jueves 21 se fijará la fecha del juicio, tras esperar que sea iniciado a principio de año y que en el mismo prime el principio de que “el que contamina paga”.

Confió en que el Estado dominicano ganará esa batalla jurídica y dispondrá los fondos necesarios para la disposición final del material y la restauración de los lugares afectados.

Agregó que la Corte Federal también declaró como prófugo de la justicia al señor Roger Charles Fina, quien fungía como representante de AES al momento en que se trajo el rockash al país entre el 2003 y 2004, lo cual también es muy positivo.

El Estado demandó por US$80,000,000  a AES Corporation por la introducción de 80,000 toneladas de rockash en violación a la leyes ambientales y daños a la salud y medio ambiente.

Sin embargo, el juez federal Gerard Bruce Lee rechazó que la acusación se base en las leyes federales de participación delictiva de forma continua y prohibió al gobierno dominicano demandar a la empresa por daños que sufrió la industria turística y al sector salud.

Según Puig estos dos aspectos conllevan a variar el monto de la demanda establecida inicialmente ya que esa cifra no la podrían alcanzar porque incluyen esos daños que ahora no formarán  parte del juicio.

Informó que en el día de ayer los abogados del Estado dominicano se reunieron para reevaluar la demanda. “De todas manera esto es una gran victoria jurídica  para la República Dominicana porque es una decisión que no tiene precedente,  estamos creando precedentes en la justicia de los Estados Unidos”, expresó.

Puig se mostró complacido de que el tribunal decidió que se  apliquen al mismo tiempo la Ley de Medio Ambiente de la República Dominicana (64-00) y las leyes federales de los Estados Unidos.

Explicó que en el Estado de Virginia se permite la aplicación de leyes extranjeras en algunos casos, por lo que la Ley 64-00 complementará las de los Estados Unidos.

Para la demanda en contra de la AES, el Estado dominicano contrató dos bufetes de abogados de los Estados Unidos: Bart Fisher y Bilke Fyle. Este último es representado en el país por el bufete del doctor José Pérez Gómez. Además en el juicio preliminar también participó el equipo legal de Medio Ambiente encabezado por Andrés Marranzini.

Puig consideró que esta decisión judicial permitirá, en lo adelante, garantizar que cualquier persona o empresa que viole la Ley 64-00 tendrá que responder por ese hecho.

Señaló además que lo importante de todo este proceso es la persecución del delito ambiental y un “no” a la impunidad para lo cual, aseguró, las autoridades dominicanas trabajan con todo el rigor de la ley.

Reiteró que el Estado decidió llevar el caso hasta el territorio norteamericano desde donde salió el material que fue generado por una empresa de ese país.

Previo al sometimiento, las autoridades trataron de lograr una conciliación con AES para que cubriera, al menos, los gastos de salida del país del material tóxico en determinadas condiciones ambientales.