SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– En un juicio simulado, dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), condenaron a la destitución del procurador fiscal del distrito judicial de Duarte, Regis Victorio Reyes, a quien acusan de complicidad y de encubrir a los agentes policiales que mataron a tiros a su dirigente Vladimir LantiguaBaldera.

En la actividad denominada “Juicio Popular”, participaron decenas de personas y se desarrolló en el parque Juan Pablo Duarte.

Estos vociferaban consignas en contra del fiscal Regis Victorio y de los asesinos del joven.

No obstante la muerte de LantiguaValdera ocurrir el día 2 de agosto del cursante año, en medio de un paro general de actividades, todavía el ministerio público no ha culminado el proceso de investigación en torno al hecho de sangre, donde entidades barriales, incluyendo el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), vinculan a agentes policiales.

En el simulado proceso judicial actuaron Daniela Santana, como Juez; Antony Méndez, como defensor del pueblo y Máximo Henríquez, como secretario.

En la actividad fueron citados distintos artículos de la Constitución de la República, destacándose el papel que debe desempeñar el ministerio público, para el combate de la criminalidad, lo que no ha hecho el fiscal con relación al caso.

El vocero nacional del Falpo, Raúl Monegro, reclamo del Procurador General de la República, la destitución del procurador fiscal Regis Victorio, por considerarlo inepto e incapaz de investigar el horripilante hecho de sangre y de encubrir a los asesinos, advirtiendo que la muerte de su dirigente LantiguaBaldera, no quedará impune, pues la lucha va a continuar hasta tanto los asesinos sean enviados a la justicia.

Distintas organizaciones han realizado diversas actividades reclamando el sometimiento a la justicia de los agentes policiales que cesaron la vida del joven dirigente popular, entre ellos marchas, piquetes y movilizaciones callejeras.

Se recuerda que tras el paro general de actividades que durante 3 días afectó esta ciudad y que amenazaba con extenderse, sus organizadores arribaron a un acuerdo con autoridades del gobierno para su levantamiento y entre los puntos figuraba el sometimiento a la justicia de los agentes policiales involucrados en el crimen.