QUITO (AFP).- Una crisis política se desató en Ecuador cuando el presidente, Alfredo Palacio, denunció este martes ante fiscales la falsificación de su firma, que causó la destitución de ocho altos asesores.

El mandatario rindió una versión libre este martes sobre los hechos a la fiscal general, Cecilia Armas, quien se trasladó hasta la sede del Ejecutivo junto con otros dos altos funcionarios del Ministerio Público, informó a la AFP una fuente del organismo.

La diligencia tardó cerca de tres horas y le permitió a Palacio ampliar sus denuncias sobre la tramitación de cargos públicos con recomendaciones que llevaban su supuesta firma.

«Solamente tomamos una versión oral. El presidente no respondió ningún cuestionario porque no estaba obligado a juramentar su testimonio», explicó el fiscal de la provincia de Pichincha, Washington Pesántez.

Además de Palacio, los fiscales escucharon en indagatoria al secretario de la Administración, Luis Herrería, quien asoció el caso con una conspiración del ex presidente Lucio Gutiérrez contra el gobierno que lo sucedió el pasado 20 de abril.

«Hay noticias gravísimas de que tanto adentro como afuera de Carondelet (sede de Ejecutivo) existen grupos del gobierno anterior que tratan de sabotear la actual gestión», aseguró Herrería en una declaración divulgada el pasado jueves.

Las sospechas en torno a Gutiérrez no han impedido, empero, que el gobierno sienta los efectos de un escándalo que en principio se saldó con la renuncia de ocho asesores presidenciales involucrados en la falsificación por supuestos testigos.

A raíz de ello, Palacio también ha visto lesionada su credibilidad e imagen, según encuestas.

El mandatario inició su período de gobierno con una aceptación popular del 53%, pero al mes siguiente descendió al 40% hasta situarse en un 31% durante agosto, indicó un estudio de Cedatos-Gallup difundido por la prensa, que no reveló la ficha técnica.

Los analistas asocian ese desgaste a la falta de definiciones del gobierno con respecto a la consulta popular con la que se comprometió a «refundar el país» y las denuncias de corrupción que acechan el entorno inmediato de Palacio.

«La fe pública está muy lesionada, la debilidad con la que nació este gobierno lo ha hecho vulnerable a los intereses de ciertos grupos políticos», estimó el consultor independiente Marco Tulio Navas.

El gobierno admitió el lunes que el escándalo ha «retrasado su tarea de refundar el país» a través de una consulta popular en la que espera someter a considerar profundas reformas políticas.

«Palacio tiene la voluntad de conducir este país de forma diferente, mediante la consulta popular, pero hay funcionarios que han fallado y han retrasado el proyecto», indicó Herrería.

Ante eso, el portavoz indicó que el propio mandatario dará a conocer los nombres de todos los implicados y los llevará ante la justicia.

«Tenemos la información y más o menos identificados a quienes no solamente desde afuera, sino dentro del gobierno, manejaban (la red de falsificación)», advirtió.