Aparte de que la condición de país dependiente del petróleo aconseja buscar alternativas energéticas más económicas, nuestros compromisos con la preservación del ambiente nos obliga a estimular e incentivar las inversiones en soluciones verdes para las necesidades energéticas. Pero actuamos contrario a lo aconsejable, y muchos proyectos de energía limpia resultan obstaculizados por medidas de índole fiscal que encarecen las inversiones, en vez de abaratarlas.
En el acto de inauguración del Parque Eólico Larimar, de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), que significará importante ahorro en gastos de petróleo y un alivio ambiental en cuanto a emisiones de gases de invernadero, se invocó la necesidad de que el Gobierno restablezca los incentivos a las inversiones en energía limpia que otorgaba a través de la Ley 57-07, que fueron eliminados por medio de la reforma fiscal del 2012.
El país es signatario de numerosos compromisos internacionales sobre medio ambiente. El año pasado, en la Cumbre de la Tierra, en París, formó parte de un acuerdo jurídicamente vinculante para atenuar el cambio climático. Sin embargo, en la práctica, decisiones como la que eliminó incentivos a las inversiones en energía limpia hablan muy mal de la entereza conque asumimos esos compromisos tan importantes.

Y siguen los pozos prohibidos

El sector oficial sigue dando muestras de incongruencia. Por un lado dice una cosa y por el otro se desmiente a sí mismo. Un caso patético es que el Ministerio de Medio Ambiente afirma haber prohibido cavar pozos tubulares en la parte alta de Constanza, pero las perforaciones han continuado en “Los Suriel”, inclusive en presencia de técnicos de ese ministerio, del INDRHI, productores y ambientalistas, que participaban de una reunión en la que discutían sobre disposiciones dirigidas a frenar la depredación en la zona.
Eso se suma al hecho de que el Banco Agrícola financia la labor agrícola de montaña, que también está prohibida, y se construyen con autorización oficial obras de soporte para la producción agrícola. Estas incongruencias son las que restan credibilidad a muchas afirmaciones oficiales.