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POR ALEIDA PLASENCIA
El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Eduardo Valcárcel, consideró que la falta de consenso sobre los aspectos pendientes para la implementación del Seguro Familiar de Salud (SFS) demuestra una debilidad institucional. Sostuvo que la Ley 87-01 debe implementarse bajo un esquema viable y sostenible.
De nada vale implementar el Seguro Familiar de Salud a sabiendas de que no están dadas las condiciones mínimas requeridas para su adecuado funcionamiento, sostuvo.
Consideró preciso que se realice el trabajo necesario para cumplir con estos requisitos, para lo cual será necesario un liderazgo efectivo que sea capaz de concertar y promover soluciones racionales.
Añadió que así el componente de salud avanzaría a pasos firmes y seguros, sin improvisaciones que pongan en peligro su sostenibilidad financiera, entre otras razones no menos importantes.
En otro orden, Valcárcel citó el caso del Seguro de Riesgos Laborales, el que a pesar de que inició en marzo del 2004, hasta la fecha sólo ha servido para acumular los fondos aportados por el sector empleador, ya que la Administradora de Riesgos Labores Salud Segura (ARLSS) del IDSS, no ha hecho este seguro operativo.
Los empleadores están cotizando en el IDSS a través de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura-ARLSS, y en adición tienen que contratar seguros privados para que sus empleados puedan tener coberturas de riesgos laborales, explicó.
Valcárcel dijo que los empleadores y los seguros privados están cubriendo los gastos médicos de los accidentes de trabajo, sin que esto le sea reembolsado por la ARLSS, a pesar de que los empleadores pagan un 1.3% de la nómina a ésta última entidad. Es necesario que la ARLSS se organice y cubra los riesgos laborales, ya que por la falta de servicio, esta cotización del 1.3% se ha convertido en una carga adicional al sector empleador, dijo.
En cuanto al proceso de designación de los superintendentes de Pensiones y de Salud y Riesgos Laborales, cuyos mandatos expiraron al ser funcionarios a término, el presidente de ANJE demandó el irrestricto apego a la Ley.
En este aspecto advirtió que si no se procede a la pronta reconfirmación o reemplazo de dichos funcionarios conforme determina la ley, se afecta gravemente la institucionalidad del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
¿Cómo podemos pensar en llevar adecuadamente un sistema social en salud que demanda importantes recursos al Estado, si ya en la parte previsional y de riesgos laborales surgen atrasos por parte del sector público?, se preguntó.
En este tenor, consideró preciso contar con la asignación presupuestaria de los fondos necesarios para cubrir los aportes para el régimen subsidiado que corresponden al Estado, tras declarar no haber encontrado dichas partidas en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos sometido por el Poder Ejecutivo.
Emitió esas consideraciones respecto a los atrasos que tiene el sector público con el sistema previsional de la Seguridad Social por RD$2,078.0 millones, incluido recargos e intereses, debido a que no han hecho sus aportes el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los ayuntamientos y las empresas descentralizadas del Estado y la Secretaria de Educación.
El presidente de ANJE saludó el anuncio del presidente Leonel Fernández sobre la celebración de una cumbre con la participación de todos los sectores involucrados en el Sistema de Seguridad Social, para discutir su reorganización y exhortó que la misma se celebre a la mayor brevedad posible.
Consideró que dicha cumbre constituye una buena señal, por lo que espera que el gobierno asuma un liderazgo coherente y efectivo sobre el tema, que contribuya a la búsqueda de las necesarias soluciones y se procure el consenso necesario respecto a las condiciones mínimas requeridas para el adecuado funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en beneficio de la población.
