En nuestro país existe una amplia y rica legislación para un ordenamiento social eficiente y sostenido que nos conduzca,  como nación,  por los caminos de la institucionalidad y el desarrollo político, social y económico.

El fallo radica en la falta de autoridad, como señalara recientemente el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez al referirse a la falta de control que existe en la Zona Colonial de la capital ante los escándalos nocturnos de los centros de diversión.

Esta situación no es exclusiva de la referida zona, sino de todo el país y las causas originarias hay que buscarlas en el populismo de nuestras autoridades en su afán continuo y electorero de parecer simpáticos “dando chances” y siendo tolerables ante personas y situaciones violatorias de la ley.

Esta tendencia social y políticamente manejada lleva a las autoridades civiles a intervenir ante las policiales y militares a favor de personas que al sentirse protegidas, violan constantemente las leyes creando la situación de indefensión e impunidad que padece  nuestra sociedad.

Y, aunque empezamos hablando de ruidos, que los pueden provocar no solo los negocios o centros de diversión, sino hasta cualquier vecino desaprensivo o anunciante desaforado en sus vehículos anunciadores que van desde las famosas peinadoras hasta los triciclos dotados de molestos y chillosos megáfonos, el problema es mayor.

Alcanza,  a veces, niveles que amenazan la seguridad ciudadana como es el caso de las famosas metaleras que exportan toneladas anuales de metales reciclados, que no produce el país, en beneficio de unos pocos millonarios y en detrimento de la ciudadanía que observa con pavor la tolerancia y privilegios oficiales que exhiben estos señores.