Las irregularidades en el ejercicio de funciones y las violaciones al Código de Ética a lo interno del Poder Judicial no solo se dan a nivel de jueces, sino también entre el personal administrativo, lo que mantiene al Consejo del Poder Judicial activo tomando medidas que no siempre salen a la luz pública, y que a veces no se corresponden con las faltas cometidas.
Caso Ruth Ortiz. Según consta en acta, la secretaria de la oficina administrativa de Santiago fue acusada de sustraer cuatro cheques con un valor total de RD$28,235.60, y cuyos beneficiarios reclamaban.
En medio de la investigación que hizo Inspectoría del Poder Judicial y estando suspendida sin disfrute de salario, Ortiz presentó su renuncia, pero le fue denegada.
Luego de conocer el informe de Inspectoría, el CPJ decidió mantenerla suspendida, someterla a juicio disciplinario y remitir copia del caso al Ministerio Público.
Cuatro en Puerto Plata. El CPJ también canceló a una secretaria y tres oficinistas del Tribunal de Tierras, acusadas de tener la institución “en crisis” .

La magnitud de “crisis” creada por Dilcia C. García, Mayfy F. del Valle Aquino, Clarivel García Hernández y Elka M. Bierd Tavárez, era tal, que el director general de Administración y Carrera Judicial Administrativa, Justiniano Montero, dijo que era “inminente” sacarlas de la institución, según el acta número 6-2017, del CPJ.
Montero afirmó que enviar a dichas empleadas a juicio disciplinario “sería traumático en términos de tiempo”, y que la forma más efectiva de sacarlas era desvinculándolas y pagándoles sus derechos adquiridos, en caso de que apliquen.

En el acta número 6-2017 no se explica qué hacían las cuatro empleadas para mantener en “crisis” el Tribunal de Tierras de Puerto Plata.
Sorteaban expedientes por dinero. Otros empleados suspendidos sin disfrute de sueldo son Perla Ruiz Alcántara, Lucy Caraballo y Maikel Tejeda Báez. A los tres se les acusa de diligenciar y sortear expedientes de manera directa a cambio de dinero.
Aparte de Ruth Ortiz, se desconoce si los demás servidores tachados por faltas, ameritaban ser remitidos al Ministerio Público.
El CPJ lo preside el magistrado Mariano Germán