Un Estado organizado debe ofrecer un mínimo de garantías para que los intereses de las empresas, del bien común y los ciudadanos particulares sean preservados de saqueo, enajenación o abuso.

Debe, por ejemplo, perseguir y castigar con decisión el robo de cableado telefónico, eléctrico, y de instalaciones de semáforos, así como tapas de alcantarillado, tramos de vías férreas y estructuras metálicas de ingenios y otras instalaciones.

En nuestro Estado, lamentablemente, se dan todos los casos que hemos citado anteriormente, sin que haya investigación, establecimiento de responsabilidades y, finalmente, castigo tan contundente como permitan las leyes.

Tricom y Verizon, dos de las empresas telefónicas que operan en el país, han informado que en el primer semestre del presente año han debido invertir más de RD$90 millones para reponer cables sustraídos por ladrones. El mercado de este tipo de alambre es muy reducido y no sería tan difícil para los investigadores establecer a dónde fueron a parar los cables y quienes los vendieron y adquirieron.

En la zona de Villa Altagracia fueron robados siete mil metros del tendido eléctrico, pero no se tiene cuenta de que el brazo de la ley haya llegado hasta los autores del robo o hasta quienes hayan comprado estos cables a precio de vaca muerta. Hay muy pocos lugares donde ir a vender tapas metálicas de alcantarillado, rieles o trozos de puentes, así como luminarias o cables eléctricos de semáforos, pero aquí el robo de cosas como esas es ya una rutina.

La falta de garantías también se percibe en el grave deterioro de la seguridad ciudadana. Los robos y asaltos contra ciudadanos, viviendas y negocios están a la orden del día y lamentablemente lo que está a la vista es un agravamiento de la situación.

Tan grave es la situación, que en algunos sectores de la capital y de provincias sus moradores han creado brigadas de seguridad y vigilancia contra robos y otros actos de delincuencia. Inclusive, han sido formados grupos de mujeres provistas de toda suerte de artefactos, que agotan turnos de vigilancia nocturna en sus sectores.

La falta de garantías se manifiesta también en el auge de la compra de armas de fuego para protección personal.

El Estado no es buen garante de la seguridad, definitivamente.

[b]Por cierto…[/b]

A propósito de garantías, en esta etapa de colapso del sistema energético se pone de manifiesto, una vez más, la falta de protección que afecta a los usuarios de la energía.

Lejos de reflejar una reducción cuantiosa en sus montos, debido a los apagones, las facturas por consumo de energía eléctrica consignan aumentos sorprendentes.

El Estado, que inventó esto de la capitalización y juega a las escondidas con sus débitos y créditos, no ha podido garantizarle a los usuarios que se les cobre por la energía consumida y sean acreditadas a su favor las horas de apagones, como debería de ser. Esa es una evidencia más de que, definitivamente, no hay garantías en este país.