El gobierno haitiano, incapaz en varios aspectos de hacer respetar los derechos de sus ciudadanos y constituido en un símbolo de lo fallido, reclama que sus emigrantes reciban un trato digno en el exterior.

Ante demostraciones de incompetencia contra agresivos civiles armados se reafirma que Haití es exportador de multitudes hambreadas y bajo terror, cuyas autoridades pretenden delegar soluciones en la comunidad internacional.
Que esta no enfrente en sus propios límites geográficos los amargos frutos de una extinción del principio de autoridad, es pasar por alto con crueldad el compromiso hemisférico de defender de agresiones a estas naciones.

Se está desconociendo olímpicamente a la Carta Democrática Interamericana que dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, lo que no ocurre al otro lado de la frontera.

No es cierto que la libre actuación de bandoleros constituya primordialmente el resultado de la falta de herramientas para que la propia policía haitiana imponga el orden.

La orfandad de los haitianos comienza con la quiebra de sus instituciones y con un historial de pobreza extrema que, como bien sostiene República Dominicana, obligan a activar mecanismos de cooperación y protección ciudadana desde fuera. Sobre los puertos y parte de la población afectada, haciendo fluir aprovisionamientos esenciales en un primer paso para poner en orden las cosas en ese país.