El director ejecutivo de la superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reveló ayer que el 63% de las empresas que prestan ese tipo de servicios en el país no está regulada, lo que las convierten en un factor de riesgo para la seguridad ciudadana.
El general Amílcar Fernández Tejada (EJ), dijo que han detectado personas sin ninguna identificación, portando armas ilegales, incluso de incisión, que son contratadas por empresas formales para custodiar negocios donde se realizan actividades sociales, donde se producen situaciones nefastas que afectan la imagen de la Seguridad privada.
Fernández Tejada habló en la Mesa Redonda sobre Seguridad y Justicia, organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) para analizar la “Importancia de una legislación sobre Seguridad Privada”.
El funcionario consideró que ha llegado el momento de transformar la industria de la seguridad privada para acabar con malas prácticas y la competencia desleal que hay en el sector.
Recordó que la principal demanda de la nación es precisamente la seguridad ciudadana, ya que la delincuencia común representa el 65% de las amenazas para la población.
Una prioridad. De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vocero de la FINJUS, dijo que a pesar de los esfuerzos realizados, esa entidad considera una prioridad abordar el tema de la seguridad ciudadana desde el ámbito más directo y unipersonal, tanto para las empresas como para los individuos, ya que durante mucho tiempo la seguridad privada se ha erigido como “la opción preferencial de la ciudadanía para enfrentar el clima de seguridad.
Refirió que todo lo que implica la regulación de la seguridad privada se ha discutido en otros espacios y sobre la marcha nació el proyecto de Ley de seguridad privada aprobado ya en segunda lectura en el Senado.
No obstante, dijo que existen elementos que merecen ser repensados y sobre los cuales deben generarse los consensos necesarios para contar con una legislación “que no dé lugar a vacíos o lagunas jurídicas.
En ese sentido, Castaños Guzmán hizo un llamado a todos los sectores vinculados con el tema a reflexionar profundamente sobre el proyecto de Ley y todos sus aspectos prácticos.
“La seguridad privada es un tema que concita la preocupación ciudadana, cuya solución deberá brindar mayor seguridad jurídica y fortalecerá el estado Social y Democrático de derecho”, dijo.
En el panel participaron además la presidenta de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Privada, Lucille Houllemont de Gamundy, y Elías Serulle, presidente de la comisión Permanente de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados.
La actividad se enmarca dentro del programa de Acción de la Sociedad Civil por la seguridad y la Justicia, que auspicia la USAID.