La falta de voluntad política, recursos económicos y una legislación obsoleta constituyen retrancas que limitan la lucha contra la trata de personas.
Este y otros aspectos fueron abordados ayer en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio por Gemma Bardají, directora país del Free The Slaves; Sonia Hernández, directora nacional de Misión Internacional de Justicia; Bridget Wooding, del Observatorio de Migrantes del Caribe; Alba Rodríguez, directora de Save The Children, y Ruth Henríquez, responsable del área de Justicia y Derechos Humanos de Participación Ciudadana.
Hicieron referencia al trabajo realizado por la Coalición de organizaciones de la sociedad civil contra la trata de personas de la cual forman parte junto a otras entidades que inciden en todo el territorio nacional.
Durante su comparecencia en el encuentro, las especialistas enfatizaron sobre la necesidad de crear políticas públicas a favor de las víctimas de este flagelo, concienciar en torno al problema, involucrar a todos los sectores, incluyendo instituciones públicas y privadas, así como reducir los niveles de desigualdad social. “Muchas veces los casos de trata de blanca se normalizan y aunque lo veamos, pasan desapercibidos”, expresó Gemma Bardají.
Citó el caso de los mendigos que están en los semáforos, los trabajadores de la construcción, entre otros.
De igual forma refirió que la trata de blanca involucra otros crímenes y delitos, además de que sus promotores están en constante cambio e innovación para evadir la justicia, sobre todo ahora, con la era tecnológica.
“El interés de esta coalición es incidir a nivel de la sociedad, para hacer conciencia sobre este problema. Hay muchos mitos no reales que confunden, a veces, por ejemplo, la trata de personas se relaciona solo a personas esposadas, encadenadas y aunque ocurre así , hay otros tipos de trata que también deben ser visibilizados”, explicó.
De acuerdo a la especialista es importante trabajar en la prevención y concienciación a nivel social. “También queremos insistir en la reforma legal. La legislación debe ser actualizada. Es importante educar a las autoridades y dar seguimiento al Plan Nacional contra la Trata, sobre todo, en la inversión de recursos. Un plan sin recursos, sin presupuesto, es imposible que avance”, enfatizó Bardají.
Según expresó se debe trabajar en las comunidades y reducir su nivel de vulnerabilidad, tras indicar que es una forma de prevención.
En tanto, Sonia Hernández dijo que Misión Internacional de Justicia está en el país desde el 2014, trabajando de la mano con las autoridades judiciales gubernamentales en lo relativo a la protección, procesamiento de casos y restablecimiento de las víctimas para que tengan mejor calidad de vida por medio de un programa que implica empoderamiento educativo y económico.

Recordó que en 2014 se hizo un estudio sobre la prevalencia de trata de personas en niños, niñas y adolescentes, el cual arrojó que el 90 por ciento de este segmento poblacional residente en zonas turísticas está expuesta a explotación sexual y comercial. Tienen previsto realizar otro levantamiento para el período 2020-2021.
“Es importante concienciar a las comunidades de que esto es un delito y no una oportunidad de un mejor futuro para esos niños como se le pretende inculcar”, precisó.
De acuerdo a lo expuesto, cada día los organizadores de estos delitos buscan nuevas formas de explotar a sus víctimas, de manera que no se vea como un ilícito y por eso es tan difícil, en ocasiones, detectar la infracción. “Hay que educar para que las familias sepan que este es un delito grave que atenta contra los derechos humanos”, insistió.
Desafío
De acuerdo Alba Rodríguez, de Save The Children, la trata de niños ,niñas y adolescentes es uno de los desafíos pendientes. “Nuestro trabajo se enfoca en la prevención, en ofrecer las herramientas necesarias para que se protejan ante determinadas situaciones vinculadas al abuso sexual y a la explotación laboral. Es importante que las autoridades se involucren, al igual que las familias. Estamos trabajando en incluir al sector privado como un aliado en la mitigación del problema”, dijo. En ese sentido, sostuvo que en San Pedro de Macorís y en Haina, San Cristóbal, están coordinando una alianza estratégica con el sector empresarial. Son zonas con alta tasa de vulnerabilidad.