POR LLENNIS JIMÉNEZ
El especialista en Derecho Migratorio y constitucional, Juan Manuel Rosario, dijo ayer que la República Dominicana tiene una orfandad del marco jurídico, que debe aplicar la política migratoria correcta y acorde con las necesidades del país, debido a que las autoridades tienen dos años sin poner en práctica la nueva Ley de Migración, 285-04.

Afirmó que el país está incurriendo en la violación de no aplicar la nueva normativa que sustituye la legislación del año 1995, por la falta de un reglamento de aplicación, el cual propone que se realice mediante una ley, ya que fue objetado el presentado por el  Consejo Nacional de Migración.

“La República Dominicana necesita un entorno jurídico bien sólido para preservar todo lo que tiene que ver con el Estado, desde el punto de vista Migratorio”, precisó el abogado mientras impartía el “primer curso especial sobre Derecho Migratorio”, organizado por la Federación Internacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de las Antillas (FICAA).

Rosario expresó que la Ley de Migración manda a que el Consejo Nacional de Migración, presidido por el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, y compuesto por un conjunto de secretarías de Estados del país, haga un proyecto de reglamento de aplicación de ésta ley, que luego sería enviado al poder Ejecutivo, para que lo ponga en vigencia por decreto.

Manifestó que el decreto no se ha realizado porque hubo una serie de contradicciones entre la propuesta del Consejo Nacional de Migración y los cuestionamientos de sectores de la opinión pública, en los que los últimos entienden que la posición del Consejo no responde al espíritu de la ley.

El especialista en materia de migración dijo que en procura de solucionar el problema, ellos hicieron un proyecto y se lo llevaron a un legislador que para que lo someta al Congreso, con la finalidad de que se cree una ley del Reglamento de aplicación a la Ley de Migración.

Opinó que con una ley de aplicación del Reglamento de Migración, se restituiría la prerrogativa que tiene el  Congreso, de definir los asuntos migratorios de la República Dominicana.

“Se lleva al Congreso porque no ha sido eficiente la vía del Consejo Nacional de Migración”, sostuvo Rosario al hablar frente a un público integrado por profesionales del derecho, estudiantes de esta carrera e investigadores, en el curso impartido en el Patronato de la Zona Colonial.

CAMBIO A LA REFORMA

El experto en Derecho Migratorio indicó que están propugnando porque en la reforma a la Constitución se establezca que son dominicanos sin importar el país donde nazcan, todos los hijos de personas de la República Dominicana, siempre que la ley de la nación de origen, no se lo prohíba.

Rosario dijo que podría haber excepciones en este planteamiento. Puso el caso de los Estados Unidos, que otorga la nacionalidad por derecho de suelo, esto es, a quienes nacen en su territorio, y el de los países de Francia, que lo emiten por derecho de sangre, sin embargo, expresó que no tiene las estadísticas de cuántos dominicanos podrían estar ilegales en el continente europeo, por haber nacidos sin ser hijos de uno de sus habitantes.

Sostuvo que los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero suelen tener las fuertes raíces de solicitar la nacionalidad dominicana, al cumplir los 18 años, es decir, la mayoría de edad reglamentaria para hacer la petición.

Precisó que entre los beneficios de un dominicano que nace en otro país y que al llegar a la mayoría de edad, gestiona su nacionalidad, están los de no tener que pagar como extranjero y estudiar a un menor costo.

IRREGULARIDADES EN NATURALIZACIÓN

El jurista Rosario expresó “que en el país se da de todo cuando se trata de solicitud de la nacionalidad”, como cuando aparecían personas con certificaciones falsas que daban constancia de eran dominicanos, incluso, avaladas por el escudo y la firma del funcionario dominicano.

Expresó que estos documentos los gestionaban falsificadores, a veces, con contactos dentro de las mismas instituciones. “Por eso, se determinó que las certificaciones debían enviarse a la Dirección General de Pasaportes en un sobre cerrado, para garantizar que esa persona no llevara documentos falsos”.

Asimismo, informó que el país tiene la experiencia de que para un extranjero naturalizarse, debe pagarle honorarios a una persona que se dedica a esta labor por montos de entre 2,500 y 3,000 dólares.

Dijo que la cifra se cobra aunque el solicitante llene los requisitos de aplicación.

Advirtió que el país debe desarrollar la institucionalidad porque se tiene la experiencia de que a nivel internacional no hay mucha credibilidad en los documentos que se emiten relacionados con la salida de extranjeros del país, incluyendo de dominicanos, que han sido usados como elementos de corrupción.

Citó el caso de personas que a través de la Liga Municipal Dominicana (LMD) se hicieron pasar por regidores que viajarían hacia países de Europa, así como los de gente que aparecen con documentos internacionales que no tienen calidad para poseerlos.

Rosario manifestó que lo que se cree es que en República Dominicana se venden documentos.