POR JUAN BOLIVAR DIAZ
La propuesta del senador perredeista por Montecristi, Bernardo Alemán, de que sometan al presidente Leonel Fernández a un juicio político por presunta violación de la Constitución de la República muestra falta de moderación y hasta irresponsabilidad política.
La forma en que se han manejado los legisladores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en nada mejora la imagen de esa organización política, visualizada como chantajeando al gobierno para que no se encaminen procesos judiciales por irregularidades administrativas de la pasada gestión gubernamental.

Aunque la falta de criticidad de la política dominicana impide al liderazgo perredeista advertir el derrotero en que se encuentra, le convendría echar una mirada a los resultados de la encuesta dada a conocer esta semana en la que el partido blanco aparece en los niveles de preferencia y simpatía más bajos de su historia.

Se caldea el ambiente

Con la subida de la temperatura esta semana se calentó también el ambiente político, a lo que contribuyó un titular del Listín Diario que atribuyó al senador peledeista José Tomás Pérez  haber pedido al presidente que gobierne por decreto, lo que desató una serie de agrias declaraciones entre las que resaltó la del senador montecristeño, quien se precipitó a pedir un juicio político al mandatario.

De la lectura de la principal información del Listín del lunes 14 se concluía que el senador por el DN no había formulado tal petición. Se trataba más bien de una advertencia de que pudieran no dejarle otro camino al mandatario «si se rompe definitivamente la comunicación y se mantiene una actitud de permanente bloqueo y chantaje».

Pero la misma información atribuye al senador Pérez haber dicho que el gobierno por decreto «no sería lo recomendable para una sociedad que aspira a que todo se democratice», con la precisión adicional de que «ni como senador ni como peledeista  estimulaba esa forma de gobierno».

En ese contexto fue erróneo informar que José Tomás Pérez «pide a Leonel gobierne sin el Congreso». Obviamente que muchos periodistas y políticos se quedaron en el titular y no advirtieron que contradecía el texto mismo de la información, dando origen a una cadena de agrias reacciones.

Mientras numerosos comentaristas de radio y televisión y militantes peledeistas se entusiasmaban con la petición atribuida al legislador, el senador montecristeño  llegaba al extremo de urgir a sus colegas que «se pongan los pantalones» para someter al presidente Leonel Fernández a un juicio político.

Evidentemente que el senador Bernardo Alemán no se tomó la molestia de medir la radicalidad de su planteamiento ni mucho menos su oportunidad, cuando el país atraviesa por una de sus peores crisis financiera y económica, ni tampoco las consecuencias que conllevaría tal acto en una nación de tan fuerte tradición presidencialista.

Tales ocurrencias son posibles en un país donde muchos periodistas y políticos practican lo que se ha denominado como «periodismo de bla-bla», fundado en el dicen que se dijo. Unos preguntan y otros responden «de oídas», sin haber leído ni analizado el asunto sobre el cual reaccionan.

En el caso del senador montecristeño pudo haber sido estimulado por una actitud irreflexiva y de falta de moderación a la que se han precipitado algunos dirigentes y legisladores perredeistas demasiado proclives a condicionar la responsabilidad legislativa al «respeto por parte del gobierno».

Incentivos peledeistas

Del lado del gobierno y su partido se han producido también declaraciones y actitudes de confrontación que han alentado lo que se ha denominado como «rebelión de los legisladores perredeistas».

El hecho más errático fue el allanamiento de la semana anterior de las oficinas del dirigente perredeista y exsecretario de Agricultura Eligio Jáquez, buscando documentos relacionados con el programa de invernaderos iniciado por el pasado gobierno.

Esos documentos tienen que estar en la misma secretaría de Agricultura y en el Banco Agrícola, que fungió como intermediario financiero en la tramitación de los invernaderos. Pero también los funcionarios que administraron el programa habían publicado un comunicado y reiterado su disposición a responder por sus actos. Cualquier investigación seria tendría que comenzar por obtener la documentación sobre el programa e interrogar a sus responsables directos.        

Otro que echó combustible sobre la hoguera fue el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, quien al igual que el presidente Fernández se había manejado con prudencia y moderación frente a sus opositores. Declaró que el país «se estremecería» si ellos revelaran las auditorías que tienen sobre la anterior gestión gubernamental.

Tal planteamiento fue contradictorio con una reciente declaración del director del Departamento de Prevención de la Corrupción en el sentido de que la Cámara de Cuentas no le ha entregado las auditorías que realizó a la gestión del presidente Hipólito Mejía.

El dilema que quedó planteado es que mientras las investigaciones no siguen el curso de la justicia, van a parar a los órganos políticos, y estos las mantienen ocultas, con lo que estarían incurriendo en complicidad e irresponsabilidad. O la advertencia de Medina carecía de base objetiva y se inscribía en la confrontación.

Abonan mala imagen                         

Excesos ha habido por diversos frentes, pero no para justificar el chantaje perredeísta de que no aprobarán nada del Poder Ejecutivo y la virtual parálisis de la labor legislativa, estando pendiente la aprobación de los bonos por 8 mil millones de pesos, para financiar el pago de deudas, que son parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional considerado imprescindible para la recuperación económica.

Los mismos voceros perredeistas han abonado la mala imagen de que estarían simplemente tratando de cambiar impunidad por gobernabilidad. Es que en amplios sectores sociales existe la convicción de que hubo graves irregularidades en numerosos organismos del Estado durante la gestión del PRD.

Esa convicción es más firme en el programa de renovación de vehículos para el transporte público, conocido como Renove, afectado por fuertes denuncias desde que se dieron los primeros pasos para su implementación. Y es el único expediente formalmente incoado contra exfuncionarios perredeistas.

Es obvio que los perredeeistas están siguiendo el mismo curso de acción que tomaron los peledeistas hace cuatro años frente al expediente de corrupción por el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME), cuando adujeron persecución política y llegaron a acciones como la de presentarse en masa a la Procuraduría General para que los hicieran presos.

Aunque para muchos militantes de la sociedad civil, preocupados por los niveles de corrupción e impunidad prevalecientes en el país, tanto en el Peme como en el Renove ha habido méritos para la acción judicial, la opinión pública apenas recuerda lo de hace 4 años y tiene centrada su requerimiento de justicia en los que acaban de salir del poder.

Eso implica que los perredeistas están ahora en desventaja y tendrían que manejarse con moderación y mayor consideración de la opinión pública. En la moderación aparece lúcidamente el presidente Fernández, aunque esta semana se tomó una licencia para declarar que no negociaría ninguna impunidad.

Una encuesta demoledora

Los resultados de la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Sociales (CIES) dados a conocer esta semana son demoledores para el PRD y alentadores para el presidente Fernández, y su gobierno y partido.

El estudio realizado la primera semana de este marzo, que abarcó una muestra de 1596 entrevistas, muestra que el 60 por ciento considera que el gobierno va por buen camino y en general presenta una mayoritaria aceptación del discurso del presidente.

Al medir las preferencias electorales el PLD obtiene el 54.7 por ciento, apenas 3 puntos menos de los que obtuvo en los comicios de mayo del año pasado. Pero el doctor Fernández logra el mismo porcentaje con que fue electo presidente, 57 por ciento,  para una eventual reelección.

El PRD queda en la calle cuando apenas el 10.3 por ciento de los encuestados dice que votaría por él si hubiese ahora una elección presidencial. Sube apenas al 14.9 por ciento en otra pregunta sobre simpatías partidistas. El Partido Reformista Social Cristiano obtiene el 7.2 por ciento, muy cerca del 8 por ciento que obtuvo en los últimos comicios, en la pregunta sobre preferencia de voto, y sube al 9 en la referente a simpatías.

En su larga historia nunca el PRD había aparecido en una encuesta con apenas el 10 por ciento de las preferencias electorales. Ni en su peor crisis, tras la salida del poder en 1986 y la división que implicó la salida del desaparecido Jacobo Majluta y sus seguidores. En las encuestas de 1989 el partido blanco cayó hasta 14 por ciento, aunque repuntó para terminar en 23 por ciento en los comicios de 1990, cuando llevó por primera vez al doctor José Francisco Peña Gómez como candidato presidencial. Balaguer obtuvo en esos comicios el 35 por ciento, mientras Juan Bosch registró 34 y Majluta 7 por ciento.

Muchos perredeistas descalificarán la encuesta del CIES, creado el año pasado, y hasta pretenderán sembrar dudas sobre sus realizadores. Wilfredo Lozano, director y el director técnico, Ramón Tejada Holguín, son dos sociólogos de mucho prestigio académico. El primero recién regresó al país tras pasar varios años en la dirección continental, con sede en Costa Rica, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). A ninguno de los dos se le atribuyen vínculos con el PLD.

Esa encuesta ratifica percepciones bastante generalizadas entre analistas y observadores dominicanos, de que el PRD está en una pendiente enjabonada, cosa que la mayoría de sus dirigentes rechazan enfáticamente.-