Se necesita una regulación y normativa nacional firme que garantice los proyectos medianos y pequeños de energías renovables y facilite los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas. Esta debe incluir una normativa para los materiales y equipos a utilizar en la instalación de paneles solares, almacenamiento de energía, y cargadores de vehículos eléctricos, entre otros, afirmaron los directivos de la Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos (Asume).

Destacaron que, aunque actualmente existen incentivos para el desarrollo de la energía renovable a través de la ley ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales, no existe una norma que regule el cumplimiento técnico de estos rubros.

Al participar como invitados en el Encuentro Económico, Douglas Hasbún, presidente; Pedro Fernández, vicepresidente, y Juan Rozón, pasado presidente de Asume, explicaron que no hay una norma sobre los requisitos que se deben cumplir para invertir en energía renovable, en temas como cuanto es la potencia que se debe invertir y la potencia en la cual el Estado garantiza un PPA (contrato de compraventa de energía a largo plazo), entre otras.

Hasbún dijo que las regulaciones todavía en el sector no son claras y hay muchas trabas y de estas depende cómo se someten los proyectos ante un grupo económico o para obtener un crédito. Resaltó que es la Superintendencia de Electricidad (SIB) la que debe crear la norma y velar porque esta se cumpla.

Expuso que hoy en día las instalaciones de paneles solares son buenas y adecuadas porque muchas empresas tienen conocimientos técnicos adecuados y alta experiencia.
También Asume criticó que a pesar de las grandes inversiones realizadas por el sector público y privado en proyectos renovables, los suplidores de equipos y materiales eléctricos locales no han sido beneficiados.

Esto debido a las prácticas de competencia desleal ocasionadas por los beneficios que ofrecen los proveedores internacionales a los clientes y contratistas internacionales establecidos en el país. Resaltó que el Estado debe implementar una legislación antidumping y exigir a los inversionistas tanto público como privado que defiendan el comercio local.