Las limitaciones económicas y técnicas que afectan a las más de 30 oficinas o puertas de entrada de casos judiciales en la provincia de Santo Domingo  frustran las aspiraciones de las autoridades de la demarcación donde existe la mayor población y donde se registran más casos de violencia y delincuencia del país.

En un recorrido por algunos juzgados de paz y fiscalías barriales de la provincia  se pudo contactar que los magistrados trabajan con grandes deficiencias en el ejercicio de sus funciones.

  Pese a los esfuerzos de la fiscal de   Santo Domingo, Olga Diná Llaverías,  para que la justicia se acerque a los ciudadanos, los casos de violencia de género no cesan en esa demarcación.

El último   hecho  trágico  en esa provincia ocurrió el domingo  30 de diciembre pasado en el sector  Invivienda, donde un joven de 26 años perpetró un cuádruple asesinato y se suicidó.

Tres mujeres y una niña de dos años cayeron abatidas a tiros a manos de ese verdugo, quien cuatro días antes había sido denunciado ante esa fiscalía por una de las asesinadas, quien había terminado su relación de pareja con él.

 La fiscal  Diná Llaverías, conmocionada por el hecho, declaró que había que revisar por qué el sistema de justicia falló y adoptar los correctivos de lugar.

HOY se enteró que un informe enviado a la Procuraduría  General revela las serias deficiencias económicas y técnicas con que operan las diferentes dependencias de esa fiscalía,   que maneja una población superior a 2 millones de personas. La Fiscalía se maneja con RD$1.3 millones mensuales.

La clave
Cursos obligatorios

Expertos en violencia de género plantean que  además de los recursos económicos, se deben hacer esfuerzos de educación para cambiar la mentalidad y la cultura de violencia existente en el país. Proponen establecer talleres obligatorios sobre violencia de todo tipo para crear una cultura de paz.