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El crecimiento democrático de Santo Domingo con una población posible de más de 3 millones de habitantes para el año 2020 con una carencia actual de los servicios básicos, que de por sí vienen deteriorándose a un ritmo acelerado, mueve sin lugar a dudas a preocupación en vista del daño a las condiciones de la vida de los ciudadanos, cuyo nivel ha descendido en los últimos años hasta un punto que resulta altamente peligroso. Enfrentar los problemas fundamentales de la ciudad, de los cuales el agua parece que tendrá solución definitiva para el 2020, resulta algo que mueve a meditar con profundidad, serenidad, sin buscar soluciones mediatizadas, que estén desligadas de cualquier resquicio político y demagógico.
Nos ocuparemos en esta oportunidad del transporte en la ciudad y dejaremos para otra el de la energía eléctrica, por considerar que su repercusión es en todo el ámbito nacional y porque su solución requiere consideraciones muy especiales. Con un crecimiento poblacional de la magnitud del que tiene Santo Domingo, con recursos limitados del Gobierno, para hacer frente al problema del transporte público urbano o interurbano, resulta difícil para cualquier especialista trazar pautas o señalar soluciones que rápidamente no pasen al correr uno o dos años, a convertirse en obsoletas.
El caos existente en el transporte en todo el país demanda la creación de un organismo centralizado, que estudie las condiciones del mismo en las principales ciudades y determine las variables existentes con las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazos con el concurso del sector privado y con los sindicatos de choferes, pero que regule y controle este servicio público, al margen de inversiones estatales, salvo aquellas que traten del trazado de vías, fijación de rutas y tarifas reales de venta del servicio.