Una evaluación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) arrojó que entre las principales debilidades de la política minera en la República Dominicana están la falta de actualización de la Ley de Minería, necesidad de mayor transparencia, tanto en el proceso de permisos como en la distribución de los ingresos, y falta de integración de las actividades del sector a las estrategias nacionales, provinciales y municipales de desarrollo, lo cual imposibilita al país la optimización de los beneficios sociales y económicos.

La evaluación fue realizada entre enero y abril de este año por Marius Keller, Marina Ruete y Kristi Disney del IISD, con el apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá.

Constó de una investigación documental y un estudio de campo de 11 días en la República Dominicana, incluyendo numerosas discusiones entre partes interesadas y visitas a las zonas mineras.