La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para los privilegios.

En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos.

Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.

Gobierno lanzaría desafío
Compelido por la triple crisis de salubridad, económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.

Son muchos los que creen que el Gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre.

Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos.

Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.

El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

Los números no mienten
Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares.

A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB.

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios.

La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal.

En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alcanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura dura de roer
Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios.

Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad.

Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.

Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia.

Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.

No son sólo los políticos
Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados.

Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores.

Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas.

La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.

Hasta líderes religiosos
La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad.

Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos.

En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales.

Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana.

Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.
Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional.

Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.

A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.-