Hoy 
Medido tanto a precios corrientes como en términos reales, el Gasto Público Percápita del Gobierno central en la República Dominicana ha crecido significativamente entre 1991 y 2010.
Este importante incremento del gasto gubernamental, sin embargo, no parece haberse reflejado en la misma magnitud en la eficacia de la provisión de bienes y servicios públicos a la población por parte del Estado.
Gasto per cápita y eficacia estatal. En 1991 el gasto por habitante del Gobierno central en valores corrientes fue de 1,418 pesos. Para el 2008 este monto ascendió a 32,137 pesos por persona, en 2009 se colocó en 29,049 pesos y para el 2010 se estima que fue de 30,914 pesos por habitante.
Medido a precios de 1991 el gasto público Percápita muestra también un buen desenvolvimiento al pasar de 1,418 pesos por persona en 1991 a 6,292 pesos en el 2008 y mantenerse sobre los 5,300 pesos durante 2009 y 2010.
Si relacionamos los datos anteriores de gasto per cápita con la eficacia de la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, posiblemente sintamos que el incremento del gasto por habitante no se ha traducido en la misma proporción en la calidad y cantidad de estos bienes y servicios.
La ausencia de un sistema de evaluación del desempeño de los funcionarios e instituciones públicas dificulta la medición de la eficacia del uso de los fondos del Gobierno. Sin embargo, el sentido común parece mostrar que pese a que en 2010 el Gobierno gastó 23 veces más dinero por habitante que en 1991, la mejoría en la cantidad y calidad de los servicios públicos no parece guardar relación con el importante aumento del gasto por per cápita.
Nueva cultura gestión pública. La poca eficacia, eficiencia y elevados costos de los bienes y servicios públicos en nuestro país, justifican los reclamos ciudadanos de la necesidad de institucionalizar una nueva cultura de gestión pública y el uso de los fondos presupuestarios. La eficacia de la gestión administrativa y el uso de los fondos públicos significa conseguir los objetivos o cosas propuestas, con eficiencia al menor costo posible y de manera efectiva, procurando que los efectos del gasto en los destinatarios sean los deseados.
En República Dominicana tenemos una tradición de décadas de gestión pública y uso de los fondos presupuestarios fundamentados en un enfoque burocrático, clientelista, de discrecionalidad, la falta de controles y corrupción administrativa. Este enfoque se manifiesta en la violación de las más elementales normas técnicas, éticas, económicas y financieras en la aplicación de los recursos del Estado.
Los recursos públicos son utilizados para favorecer a grupos de intereses y allegados a la clase política gobernante, al margen de las prioridades sociales.
Implantar un nuevo paradigma en la administración del Estado y el presupuesto debe tributar a una gestión pública y un uso del presupuesto basado en objetivos y el logro de resultados con calidad.
Esta nueva cultura de gestión pública debe estar enfocada a los ciudadanos, promover su participación en la formulación de las políticas públicas y la descentralización.
El ineficiente modelo prevaleciente en la administración pública dominicana puede ser explicado por la existencia de un sistema de partidos en los cuales tiene supremacía la plutocracia y el clientelismo, siendo estos los que tienen control de los principales poderes del Estado e influencias para imponer sus criterios en la formulación de políticas y la aplicación de los recursos.
La persistencia y la prolongación de la ineficiencia de las instituciones y los funcionarios gubernamentales tiene asidero en la ausencia de órganos y sistemas de evaluación del desempeño de estos y el bajo riesgo que se corre por el incumplimiento de las normas y reglas básicas de la buena gestión pública.
Es evidente que la clase política tradicional y sus aliados por sí mismos no están en disposición ni en capacidad de impulsar un nuevo modelo de gestión pública y del uso de los recursos del Estado, ya que atentarían contra su razón de ser y existir.
Solo la participación y la acción de una ciudadanía inquisidora y responsable podría impulsar esta demanda.
La cifra
1,418 pesos por persona fue el gasto público per cápita del país en 1991, que pasó a 6,292 pesos en 2008 y se mantuvo sobre los 5,300 pesos durante 2009 y 2010.
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Supervisión
Para establecer una nueva cultura en la gestión pública e impulsar la eficacia y la eficiencia del Gobierno es necesario implementar un efectivo sistema de evaluación del desempeño, mejorar los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas y promover el control social por medio de la participación de la sociedad, desarrollando sistemas y/o instancias capaces de llevar a cabo acciones de vigilancia política que motoricen denuncias y procesos legales de rendición cuentas y castigo a las violaciones de las normas y a la corrupción.
